¡Sanción para la corrupción en la LMD!
El papel de las muchísimas instancias burocráticas que luchan “contra la corrupción” es también verngozoso
La impunidad ha sido garantizada a los políticos
Una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana, en la gestión de Amable Aristy Castro, ha determinado una serie de irregularidades administrativas, que incluyen nepotismo, pago a personas inexistentes, compras a negocios familiares y uso indiscriminado de los recursos estatales para beneficio del dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano, en la actualidad senador.
Se trata de la malversación de de cientos de millones de pesos, en forma impune, descarada, abierta y ninguna institución del Estado, de las tantas que existen llenas de burócratas, sale a defender los escasos recursos con que cuenta el país, puestos en manos de un político desvergonzado, que los utiliza para su particular beneficio político y personal.
¿El papel de la Cámara de Cuentas es sólo realizar la auditoría, identificar las debilidades y quedarse con la boca cerrada, sin ninguna posibilidad de impedir que esos desmanes sigan ocurriendo? No parece que las leyes establezcan que las irregularidades se escondan o se queden sin sanción.
Cuando se observa todo lo denunciado por el programa El Informe, sobre la gestión de Aristy Castro, se podría pensar que se trata de un funcionario de la época de concho primo en el siglo XVIII o XIX, y no en el siglo XXI, precisamente alguien que ha sido siete veces senador, candidato presidencial y reiteradamente presidente de la Liga Municipal Dominicana.
La Contraloría General de la República, como auditor interno de las instituciones públicas, tiene la autoridad para impedir que estos desmanes se produzcan. Lo mismo habría que decir del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, de la Procuraduría General de la República, y de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que podrían poner en acción sus mecanismos para sancionar estas prácticas.
Lo que pasa es que siempre se ha dicho que los políticos tienen impunidad, porque se protegen entre ellos, y Amable Aristy ha sido uno de los más beneficiados de la impunidad general, porque ha burlado durante mucho tiempo a sus propios electores y porque ha traficado con la pobreza, la falta de educación y las necesidades de su región, en la Provincia La Altagracia.
Se trata del dinero destinado a los ayuntamientos del país, en donde existen falencias ancestrales, de escuelas, calles, caminos vecinales, centros comunales, abastecimiento de agua, educación vocacional. Pero el ahora senador ha preferido hacer repartición de esos recursos para su particular beneficio. Y no puede ser. La indiferencia de las instituciones de justicia, de los órganos del Ministerio Público indigna a toda la sociedad. Y es una vergüenza que así sean las cosas, y que la gente se mantenga indiferente ante tanto latrocinio.
El país no se merece que personas como estas, que manejan los fondos del pueblo de esta forma, sigan en la vida pública. Deben ser procesados judicialmente y emplazados a demostrar cómo, bajo qué procedimientos administrativos y en atención a qué leyes, se tomaron las decisiones puestas en evidencia por la Cámara de Cuentas. Y si el responsable de estos actos no logra justificar sus actuaciones que sean aplicadas las sanciones que corresponden.
