Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, RD.
24 de Enero del año 2012
Señores representantes de los diferentes medios de prensa presente:
La seccional María Trinidad Sánchez del Colegio de Abogados de la República Dominicana, como entidad que agrupa la comunidad de abogados de la República Dominicana, y en nuestra calidad de auxiliares de la justicia, hemos considerado oportuno el convocarles a esta rueda de prensa, siendo la primera de nuestra gestión, que asumimos el pasado 07 de enero del cursante año, a los fines de referirnos a una serie de acciones que se han desprendido como consecuencia de una decisión judicial dictada recientemente frente a una cuestión de la cual fue apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María trinidad Sánchez, en ocasión de una demanda por Difamación e Injuria interpuesta por los Abogados Lic. Pedro Baldera, Teonilda M. Gómez y Alanny Then, en contra del comunicador Jhonny Alberto Salazar.
Debemos iniciar expresando nuestro rechazo y repudio tajante ante todo tipo de accionar, que venga a poner en peligro el estado de derecho y la seguridad jurídica a que aspiramos, mediante la observación y cumplimiento de un debido proceso, caracterizado por el principio de independencia de los jueces, así como de igualdad de las partes y de un debido proceso de Ley, en donde impere una tutela judicial efectiva, y se respeten las garantías fundamentales de que son titulares todas las partes.
En un proceso de tal manera, que en el momento en que se irrespeten y vulneren la solemnidad y el respeto de los diferentes poderes que constituyen nuestro estado social de derecho, que consagra nuestra actual constitución política, estaríamos abocándonos a una situación de caos social y de anarquía, lo que sería lo mismo un regreso a los superados tiempos de la venganza privada, la cual fue superada mediante la implementación de normas que regulan el proceso y la creación de instituciones que como los tribunales de la República son los competentes para dirimir y justar todos aquellos conflictos a los cuales las partes no han podido solucionar entre sí o que hayan transgredido la paz pública y se haga necesario la aplicación del peso de la ley, mediante la aplicación de sanciones a quienes las han infringido.
Es necesario expresar que entre las principales garantías constitucionales que les son conferidas a todos los miembros de nuestra sociedad, lo constituye el sagrado deber de accionar en justicia que tiene todo ciudadano cuando éste entienda que ha sido lesionado o perjudicado por la acción de un semejante. Igualmente constituye una importante garantía constitucional el derecho de todo ciudadano que ha acudido a un proceso en justicia a atacar por la vía de los recursos cualquier decisión dictada por un tribunal que entienda le ha perjudicado, a los fines de que otro tribunal de jerarquía superior, conozca nuevamente su caso, por lo que, la existencia de estas garantías no justifican de ningún modo la producción de hechos contrarios al orden público, a la integridad y a la moral ciudadana que se realice tanto en contra de un funcionario judicial que ha tomado la decisión, así como en contra de las partes que le hayan adversado en dicho litigio y que hayan obtenido ganancia de causa.
Es un compromiso de todos los actores del proceso el que asumamos la cuota de responsabilidad que nos corresponde para impedir cualquier tipo de retroceso social y especialmente que pueda debilitar la seguridad jurídica tan necesaria como garantía de la convivencia civilizada de todos los ciudadanos así el fortalecimiento de nuestra economía.
Los actores comprometidos con este reto como sabemos no solo lo constituyen los abogados, el Ministerio Público y los Jueces sino también los medios de comunicación quienes por su constante contacto con la sociedad juegan un papel determinante en el fortalecimiento de los valores éticos y la convivencia social. Es por ello, que se causa un grave perjuicio en la sociedad cuando un medio de comunicación se aparta de ésta sagrada tarea y se desvía a favor de desbordar pasiones y crear conflicto y turbulencia en el seno de la sociedad.
A los abogados, razón de ser de nuestra pujante seccional de María Trinidad Sánchez, bajo nuestra conducción, les ratificamos nuestra firme posición de apoyo y protección en lo que tiene que ver con el ejercicio de tan delicado ministerio por lo que, en esta rueda de prensa, reiteramos que hoy más que nunca los abogados cuenta con el absoluto respaldo de esta directiva frente a cualquier vulneración de sus sagrados derechos, al tiempo que, hacemos votos porque cada día el accionar de todos los abogados que componen nuestra seccional sean cuidadosos en su accionar y pongan como bandera la ética, la capacidad y la eficiencia en la realización de sus diferentes trabajos, garantizando con ello prestar un mejor servicio a nuestros usuarios que es la sociedad y al mismo tiempo hacernos merecedores de un respaldo y defensa permanente por parte de esta seccional y en el caso de los abogados Pedro Baldera, Teonilda Gómez y Alanny Then, asó como de la Magistrada Salma Bonilla, Juez que emitió la sentencia condenatoria en contra del comunicador Jhonny A. Salazar.
Hacemos un llamado a las diferentes autoridades e instituciones, a los fines de que dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones (Ministerio Público, policía nacional, iglesias, abogados y jueces), tomen los correctivos de lugar y asuman la responsabilidad que les corresponden y que se debe aplicar frente a todo comportamiento o acción, venga de dónde venga que atente contra el criterio de igualdad, de respeto y de convivencia en nuestra sociedad, de modo tal que todos podamos garantizar el mantenimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal como lo consagra nuestra constitución.
Por último, ratificamos nuestra firme e inquebrantable actitud de defensa de todos y cada uno de nuestros colegas abogados en el desempeño de sus funciones tanto públicas como privadas.
LIC. ADRIANO TAVERAS CAPELLAN
Secretario General.-
