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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Adocco, denuncio la existencia de un plan concebido desde las esferas del poder para descalificar a la organización no partidista Participación Ciudadana, lo que constituiría una violación al derecho que tienen los dominicanos de ser veedores de los procesos electorales a fin de que se respete la institucionalidad del país.
Adocco avala su denuncia con la solicitud de un miembro del estamento de decisión del partido de gobierno -el Comité Político- a la Junta Central Electoral, para que le retire la acreditación a la organización que ha observado todos los procesos de las décadas 90 y 2000, lo que ha hecho con mucha altura y profesionalidad.
El Coordinador General de la entidad, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, brindó su apoyo irrestricto al capítulo en el país de Transparencia Internacional, al tiempo de anunciar el inicio de un programa de observación preelectoral y durante la celebración del certamen, con o sin la acreditación de la Junta Central Electoral, con el propósito de monitorear que los recursos del erario público no sean utilizados en la campaña, ya que los observadores internacionales llegan al país horas antes del inicio del proceso y solo destacan que las elecciones se desarrollaron normal porque no hubo muerto o heridos.
La entidad lamentó que los observadores electorales internacionales llegan unas horas antes del proceso, y si no hay muertos ni heridos las califican de ejemplares
Adocco reiteró que el pacto firmado por los presidentes de los Partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano para poner fin al impasse surgido en la Junta Central Electoral, por la insistencia del presidente del organismo, Roberto Rosario, de mantener a Franklin Frías en la dirección de informática, constituye un duro golpe a la institucionalidad, ya que la creación de una Gerencia de Informática colegiada, viola la ley electoral, al otorgarle poderes al presidente más allá de sus atribuciones meramente administrativas.
A juicio de De la Rosa Tiburcio, el pacto acordado y firmado por Leonel Fernández y Miguel Vargas, con la exclusión de los principales actores del proceso del 20 de mayo próximo Hipólito Mejía y Danilo Medina, en donde sirvieron de testigos los mediadores Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la PUCMM, solo servirá para consolidar el poderío instaurado su presidente, que logró torcerle el brazo al partido que se oponía a Frías y a los sectores de la sociedad civil que pedían a voces la solución del conflicto por la vía institucional, no por acuerdo de aposento.
“Las decisiones de la gerencia de informática deberán ser acordadas a unanimidad por sus cuatro integrantes, y en caso de que no hubiese acuerdo, entonces se someterá a la consideración del presidente de la Junta Central Electoral, quien adoptará una decisión definitiva”, dice el pacto entre Leonel y Miguel, y que rechaza Adocco
El convenio que permitirá la permanencia de Frías, en la Junta Central Electoral, integrando tres nuevos miembros en el centro de informática, que serían recomendados, uno por el Partido revolucionario Dominicano, a instancia de su candidato presidencial, Hipólito Mejía; otro sugerido por el Partido de la Liberación Dominicana, y un tercero recomendado -como siempre- por la Iglesia Católica, recaerá por coincidencia en nada más y nada menos, que en José Agustín López, sobrino del cardenal metropolitano, que participó como mediador y testigo del arreglo de aposento.
Adocco dijo que ya el daño a la imagen de la Junta está hecho y el responsable de lo que ocurra allí es su presidente, en virtud de lo acordado que establece que “las decisiones de la gerencia de informática deberán ser acordadas a unanimidad por sus cuatro integrantes, y en caso de que no hubiese acuerdo, entonces se someterá a la consideración del presidente de la Junta Central Electoral, quien adoptará una decisión definitiva”.
