De: Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Más de diez ex trabajadores cañeros han muerto en los bateyes dominicanos después de años de lucha para que el gobierno les entregue la pensión de 5 mil pesos mensuales que les correspondía por los más de 30 años que trabajaron para el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
En esta larga espera hay más de veinte mil hombres y mujeres. Todos ancianos, enfermos, sufriendo hambre y abandono. En sus manos y sus rostros se observan las huellas del tiempo y una vida laboral intensa y dura, de pesados afanes cotidianos.
Dine Mydi, una de las víctimas de la miseria en que viven los ex trabajadores de los ingenios, dedicó 40 años de su vida al corte de caña, y murió el pasado 6 de abril, por no poder cubrir el costo de los medicamentos para enfrentar sus achaques de salud.
Miles de dominicanos y haitianos han quedado abandonados a su suerte en la vejez, después de dar su vida a la industria azucarera
Mydi batalló por más de tres años con varias enfermedades que no pudieron ser diagnosticadas a tiempo y un desgaste físico crónico lo hizo perder la batalla contra la muerte. Nunca fue escuchado por el gobierno en su reclamo de que le otorgaran la pensión que se ganó con sudor.
En 1999, durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, fueron arrendados a empresas privadas los ingenios Amistad, Barahona, Boca Chica, Consuelo, Montellano, Ozama, Porvenir, Quisqueya, Río Haina y Santa Fe.
Desde ese momento miles de trabajadores del CEA fueron cancelados con las promesas de que recibirían sus prestaciones laborales, que serian beneficiarios de programas de subsidios para la alimentación y que serían pensionados. Todos pagaban mensualmene una cuota del 3 por ciento de sus salarios que se debía traspasar al Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS).
Pero el CEA no les ha cumplido, y miles de dominicanos y haitianos han quedado abandonados a su suerte en la vejez, después de dar su vida a la industria azucarera.
Gilbert Sentimé, de nacionalidad haitiana, llegó al país en el 1968, a la edad de 28 años, y trabajó para el CEA por 31 años consecutivos desempeñando labores de cortador de caña, carretero, vigilante, jefe de tiro, operador de grúa, y pagó fielmente al seguro social el 3% de su salario mes tras mes.
Hoy en día sumergido en la más extrema pobreza, espera silenciosamente la asignación de la pensión de 5 mil pesos que le corresponde como ex trabajador del CEA.
Reside en el Batey El Caño, de la provincia de Monte Plata, se alimenta de la caridad de sus vecinos, “cuando ellos consiguen se come y cuando no, no comemos nada”.
A sus 72 años de edad, enfermo y solo, Sentimé lamenta las respuestas que ha recibido de aquellos a los que entregó su juventud, su voluntad, su fuerza productiva y quienes, según dijo, solo le han devuelto olvido, apatía y la más mínima falta de consideración.
Tras 13 años de espera, los ex trabajadores cañeros iniciaron una serie de protestas cívicas, marchas y piquetes, frente al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) y al Palacio Nacional, obteniendo solo promesas y sin que hasta la fecha hayan tenido una respuesta efectiva.
En medio de esa lucha, que lleva ya casi un año, varios de los ex trabajadores han sido vencidos por la muerte sin que antes pudieran ver materializada la asignación de las pensiones que se ganaron tras 30, 40 y 60 años trabajando para el CEA.
Postrado en una cama, casi inmóvil, sin poder hablar, ciego y hambriento, se encontraba Fransuá Fediná, quien desde los 11 años inició su trabajo en los cañaverales y una trombosis lo obligó a cesar su lucha contra el gobierno por la asignación de su pensión.
Pocos días después de realizada la visita de Acento.coml.do al batey El Caño, se informó a este medio que Fransuá había muerto, otra vida que se apagó en medio de la mas inmunda pobreza.
En iguales condiciones han fallecido Maniel Luise y Matías Pierré, a quienes el hambre llevó a la muerte ante la mirada impotente de quienes han querido contribuir con esta lucha sin obtener ningún resultado.
Miguel Lora, dominicano, narra cómo desde los 9 años empezó a inmiscuirse, junto a su padre, en los cañaverales y a ganar sus primeros centavos cortando y cargando caña.
“Yo fui gañán, fui cargador, fui cortador, fui carretero, bueyero, feje de tiro, sereno, operador de grúa, en siendo trabajo bruto del CEA yo los hice todos, si señor” expresó.
Luego de la privatización del CEA, continuó trabajando en el ingenio Consuelo que pasó a ser administrado por el Consorcio Azucarero del Caribe (CONAZUCAR), hasta que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y quedó inhabilitado para continuar sus labores.
Hoy en día es parte de los 22 mil cañeros, haitianos y dominicanos, que esperan por la asignación de sus pensiones, las cuales han solicitado por las vías correspondientes en varias ocasiones.
En iguales condiciones de indigencia, hacinamiento y miseria, viven los ex trabajadores del CEA en el batey 59 de Villa Altagracia quienes un poco mas esperanzados esperan que las autoridades les otorguen sus pensiones.
Altagracia Jiménez Frías, vio morir a su esposo, Polpo Leis, luego de batallar por mucho tiempo con una enfermedad que en el mes de marzo le quitó la vida.
Polpo Leis es uno de los ancianos que han muerto esperando que las autoridades dominicanas cumplan con la ley y les asignen las pensiones que se ganaron con trabajo.
Altagracia, una mujer que también dedicó su vida a la industria azucarera, expresa con dolor como la miseria arrojó a su marido a la muerte.
“Yo piqué caña mientras estuvo la zafra aquí, en tiempo muerto yo regué abono para sembrar caña, cuando se acabó la caña yo empecé a lavar ropa por paga, me iba para Villa para yo poder ayudar a mi marido a sostener la casa, en Villa yo tenía 8 lavao”, expresó.
Altagracia está ciega y no sabe si su ceguera tiene cura ya que nunca ha podido ir al médico por falta de recursos, “no tengo ni siquiera como conseguir pasajes para ir a Villa”.
Altagracia, de nacionalidad dominicana, no ha tenido más remedio que aprender a desenvolverse, siempre a oscura. Ha tenido que aprender a caminar dentro del batey y lo hace sin ayuda.
La ex trabajadora cañera lleva años esperando que el gobierno le otorgue la pensión, y no quiere correr la misma suerte que su esposo que murió anhelando dejarla con su “sueldito”.
“Pero el gobierno no ve nada de esto, el gobierno solo ve al pobre en tiempo como ahora que hay elecciones, después no se acuerdan de nosotros. Ellos vienen a hacer bulla cuando hay elecciones, y cuando se acaba la campaña se acabaron los pobres porque ellos no necesitan los pobres” expresó.
Altagracia mantiene la esperanza de que las autoridades le asignen su pensión “Yo no quiero que me lo den de su sudor, esa es una obligación que tiene el presidente de darme eso, porque eso no sale del bolsillo del presidente ni de su sudor, eso yo me lo gané trabajando como un hombre y ahora me lo niegan”.
El haitiano Ové Yanvier también murió a la espera de su pensión, tras trabajar 53 años de su vida para el CEA murió el pasado 8 de abril sin recibir ni un sólo peso de todo lo que pagó al seguro social.
La Unión Nacional de Trabajadores Cañeros (UNTC) ha sacado la cara por los ex trabajadores de los ingenios recolectando las documentaciones que avalan las solicitudes de pensiones.
Jesús Núñez representante de este gremio ha dedicado su vida por años a reclamar los derechos de los ex trabajadores.
Núñez reveló que el CEA destruyó toda la documentación que comprobaba los pagos que por años hicieron los ex trabajadores al seguro social, sin embargo asegura que la UNTC pudo recuperar la mayoría de esos expedientes.
Dijo adema que de los 22 mil cañeros que llevan 13 años esperando sus pensiones solo han sido pensionados 139 de los cuales, según dijo, muchos han muerto, y el IDSS se ha negado a pasarle las pensiones a sus viudas.
El sindicalista denunció que el IDSS publicó el pasado 23 de febrero un comunicado en un periódico de circulación nacional donde informaba de la entrega de 250 pensiones a igual número de ex trabajadores, pero que sin embargo esas pensiones aun no han empezado a ser entregadas.
Afirmó que fueron publicadas con varias irregularidades “solo para calmar esta lucha, pero se quedó en papel”.
Sin embargo, solo la muerte ha podido rendir a algunos de estos ex trabajadores, los demás, que son miles, se mantendrán en pie de lucha, exigiendo que se les entregue lo que con esfuerzo obtuvieron.
Mientras eso llega, en las afuera de la ciudad, Comiendo hoy sin saber si podrán hacerlo mañana, viviendo en condiciones infrahumanas, penando y rogando lo que es de ellos, lo que ganaron con su trabajo, con su entrega, sin otra esperanza que el gobierno le otorgue sus pensiones. donde antes se sembraba y se cosechaba la mayoría de caña para la producción de azúcar, viven miles de seres humanos sumergidos en las más extremas de las pobrezas, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Los cañeros siguen a la espera de que las autoridades cumplan con la ley y les asignen antes de morir las pensiones que debieron otorgarle 13 años atrás. Durante decenios sembraron, cortaron, cargaron, custodiaron, la caña que sería el motor de la economía dominicana, pero no disfrutaron el dulce de la caña.
La historia de la industria azucarera en el país se remonta al siglo XVI. Desde entonces esta industria dio pasos agigantados con la construcción de ingenios y el aumento de la producción, hasta el punto de convertirse en la principal actividad económica del país durante decenios.
En el siglo XX la industria azucarera pasa a ser propiedad casi en su totalidad del dictador Rafael Leónidas Trujillo quien poseía el 63% de los ingenios que funcionaban en 1948.
Tras su muerte, en 1961, esos ingenios pasan a ser propiedad del Estado Dominicano y es luego de este acontecimiento cuando se crea, en agosto de 1966, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), consorcio que en su momento lideró la industria.
