Editorial de Acento.com.do
Dilenia Quezada Olloa, tenía 23 años, estaba embarazada y era una fiel creyente católica. Asistió a la capilla San Antonio, de Salcedo, a orar como aparentemente era su costumbre. Alejada de las protestas que se escenificaban en el municipio, por el asesinato del dirigente deportivo Héctor Medina, Dilenia Quezada pensó que la capilla era un lugar seguro.
Lamentablemente se equivocó. Una bomba lanzada por la Policía Nacional, para repelar las protestas y la indignación de muchas de las personas de Salcedo, cayó dentro de la capilla San Antonio y los gases lacrimógenos la asfixiaron. Fue sepultada el pasado viernes en Salcedo.
Dilenia era un joven humilde. La fotografía de su velatorioes una demostración de las condiciones precarias en que vivía. Sus propios familiares parecieran quedar invisibilizados ante la tragedia. Nadie ha hablado de su historia, de su embarazo, de su compañero de vida y menos de que se haga justicia.
¿Podrá la Policía Nacional justificar este crimen? ¿Tendrá este abominable hecho otro nombre que no sea crimen? ¿La Iglesia Católica tendrá fuerzas para reclamar justicia por un crimen cometido dentro de un recinto religioso? ¿Los dirigentes que organizaron la protesta tendrán espacio para incluir la petición de justicia por el crimen contra Dilenia Quezada?
El gobierno dominicano, que envió negociadores a buscar un acuerdo para detener las protestas en Salcedo ¿tendrá alguna atención para los familiares de Dilenia, que no estaba en las protestas sino en una capilla católica orando? ¿Habrá algún intento de la Policía Nacional para identificar al agente que lanzó una bomba contra una capilla católica? ¿Para ese agente era la capilla un objetivo militar o policial?
Son muchas las preguntas que surgen a propósito de una muerte en estas condiciones. No existe una guerra, no hay un levantamiento militar en Salcedo. El gobierno desplegó efectivos militares y policiales para hacer frente a un reclamo de justicia. Luego del asesinato de Héctor Medina, dirigente deportivo, murieron otras cuatro personas: Rafael Antonio Cáceres Pérez, de 30 años, Ricardo José Hernández Guzmán de 19 años, Jonathan Paulino, de 31 años, y Dilenia Quezada, de 23 años.
En un país democrático cualquier crimen tiene sanción, o debe tenerla. Ningún crimen debe quedar impune, aunque sea cometido por agentes policiales. La policía debe trabajar con métodos no criminales. Están asesinando a personas jóvenes, independientemente de que protesten. La protesta es un derecho civil y está incluso garantizada por la Constitución de la República.
Aún se tengan estas prerrogativas legales, e incluso se hable del legítimo derecho a la protesta, el caso de Dilenia representa un desafío legal importante. Ella no estaba en la protesta. Estaba en una Iglesia orando.Pudo estar orando por la propia seguridad de los indignados y de los policías. La oración tiene la virtud de la generosidad. La cuestión es ¿por qué un agente policial lanza una bomba contra una capilla? ¿Qué mecanismo opera en un cerebro como ese, que armado de revólver y con bombas, lanza un artefacto peligroso contra un templo de oración?
El Ministerio Público debe haber encaminado una investigación t una búsqueda de la verdad para hacer justicia. La muerta, sin embargo, era pobre de solemnidad y una más entre los humildes, los del montón caídos, y es probable que nadie se ocupe de hacer justicia en su caso.
Una pena terrible. Una historia cargada de injusticias y de reiteración de que la justicia solo se hace cuando se tiene a alguien que reclame en su nombre. En este caso ni siquiera el sacerdote que atiende la capilla donde murió Dilenia, parece ser, dirá nada.
