NUEVA YORK, Estados Unidos.- La sentencia 168-13 y el silencio de Danilo Medina sobre Loma Miranda, así como la posición de Leonel Fernández de negar el 4% para la educación forman parte de una conducta de desprecio del poder político, que busca reducir el poder de la ciudadanía y aumentar el control de los políticos, los congresistas y los funcionarios, para un mayor control de los países.
La afirmación aparece en un análisis del doctor Silvio Torres-Saillant sobre el libro El reinado de Vincho Castillo, droga y política en la República Dominicana, del periodista Fausto Rosario Adames, del que fue presentador en mayo pasado en Nueva York.
“Actualmente, a lo largo de gran parte de nuestro hemisferio las autoridades del poder ejecutivo y del legislativo se las arreglan para aumentar sus atribuciones a la vez que hacen lo posible por reducir los privilegios y derechos de la ciudadanía, además de elevar la inversión en tecnologías encaminadas a fortalecer las fuerzas del orden y perfeccionar los recursos de vigilancia con fines de mantener a raya a la población”, escribió el doctor Torres.Saillant, profesor de la Universidad de Syracuse.
“Ejemplos dominicanos de la desidentificación de las autoridades gubernamentales con el bienestar de la población durante la etapa neoliberal del capitalismo lo brindan el silencio del presidente Danilo Medina ante el ruego de la comunidad ecologista de que impida la onerosa explotación minera de Loma Miranda y la negativa de su antecesor Leonel Fernández frente a la súplica de padres y maestros que pedían a su gobierno asignar un 4% del presupuesto nacional a la educación pública”.
A continuación la parte de la presentación del doctor Torres-Saillant:
Inversión Contra el Pueblo
Silvio Torres-Saillant, Syracuse University
En los Estados Unidos han tenido un éxito preocupante los hermanos Charles G. y David H. Koch, un dinámico dúo propietario de la billonaria compañía petrolífera Koch Industries. Los Koch se han impuesto en distintos ámbitos legislativos por encima de los más autorizados hallazgos científicos sobre el peligro de la contaminación ambiental.
Entre sus estrategias figura la de invertir unos 68 millones de dólares entre 1997 y 2011 para financiar las iniciativas de grupos afanados en restarle validez al tema del cambio climático y el calentamiento global con miras a bloquear cualquier medida legislativa que busque limitar la contaminación industrial. Los pérfidos hermanos Koch apoyan cualquier organización que se dedique a desaconsejar todo tipo de restricciones ecológicas o a combatir propuestas legislativas orientadas a fomentar normas de energías alternativas, limpias o renovables (Greenpeace.org, “Koch Industries: Still Fueling Climate Denial”, accessed 16 mayo 2014).
Actualmente, a lo largo de gran parte de nuestro hemisferio las autoridades del poder ejecutivo y del legislativo se las arreglan para aumentar sus atribuciones a la vez que hacen lo posible por reducir los privilegios y derechos de la ciudadanía, además de elevar la inversión en tecnologías encaminadas a fortalecer las fuerzas del orden y perfeccionar los recursos de vigilancia con fines de mantener a raya a la población.
Ejemplos dominicanos de la desidentificación de las autoridades gubernamentales con el bienestar de la población durante la etapa neoliberal del capitalismo lo brindan el silencio del presidente Danilo Medina ante el ruego de la comunidad ecologista de que impida la onerosa explotación minera de Loma Miranda y la negativa de su antecesor Leonel Fernández frente a la súplica de padres y maestros que pedían a su gobierno asignar un 4% del presupuesto nacional a la educación pública.
Antes que identificarse con ella, las autoridades hoy día dan muestras palpables de agresividad contra la población. Véase la ley TC 168-13 dirigida a desnacionalizar a unos 250 000 dominicanos de herencia haitiana, desproveyéndolos así del derecho al sufragio, o la intentona del Congreso Nacional de suprimir el párrafo iii, artículo 85, del Código Procesal Penal que faculta a los ciudadanos para querellarse contra los funcionarios.
Entre los ejemplos norteamericanos de la agresividad antipopular del capitalismo en su actual momento neoliberal se destaca la privatización aguerrida de funciones antes consideradas exclusivas de la autoridad estatal.
Baste el ejemplo de las compañías privadas hoy activas en el diseño y la administración de las instituciones penitenciarias. Con una franqueza que el ensayista Adam Gopnik tilda de “escalofriante”, la Corporación de Correccionales Americanas (Corrections Corporation of America) en su reporte del 2005 advierte a sus inversionistas sobre el peligro para el bienestar económico de la industria carcelaria de cualquier descenso o estancamiento cuantitativo de los arrestos, las condenas y las sentencias conducentes al encarcelamiento (Gopnik, “The Caging of America” The New Yorker 30 January 2012). Los cabilderos de dicha corporación invierten millonadas en influenciar a la legislatura para evitar cualquier despenalización de infracciones que pueda reducir el monto anual de los encarcelados, además de abogar por medidas policiales tendientes a incrementar el número de los prisioneros.
El gobierno municipal de la Ciudad de Nueva York durante el mandato del autoritario síndico Michael Bloomberg privilegió a las corporaciones privadas y adelantó medidas perjudiciales para las comunidades empobrecidas cuya sobrevivencia en gran medida depende de los servicios públicos. El síndico se aferró a la práctica policial de detener y registrar a los transeúntes sin aviso previo aún careciendo de razón que los hiciera sospechosos de cometer delitos.
La práctica, conocida por el epíteto “stop-and-frisk”, se justificaba como alegada medida de prevención de la delincuencia al prometer detectar al azar a personas armadas con fines delincuenciales antes de que pudieran cometer sus proyectados delitos. Al final, después de mucha protesta popular y la intervención de voces progresistas que llevaron el caso a los tribunales, la jueza federal Shira A. Scheindlin falló en contra de la medida policial por hallarla violatoria de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege a la población de registros y confiscaciones insensatas por parte del gobierno. Aparte de que el 90 % de los detenidos y registrados quedaban sueltos al no encontrársele evidencia alguna de criminalidad, el 83% de las personas abordadas por la policía entre el 2004 y el 2012 consistía de negros e hispanos no obstante esos grupos étnicos conformar apenas el 50% de la población de la ciudad, lo cual añadía tintes de patente racismo a la inconstitucionalidad de dicha medida (Joseph Goldstein, “Judge Rejects New York’s Stop-and-Frisk Policy” The New York Times 12 agosto 2013).
Aparte de sus objetables prácticas policiales, el autoritario síndico Bloomberg se entregó cual cruzado medieval a la guerra impía de cerrar escuelas públicas y aupar el aumento de las escuelas “chárter”, inciativas privadas que compiten deslealmente con la educación publica puesto que operan como zonas protegidas dentro de los planteles escolares municipales sin pagar alquiler.
Las escuelas “chárter” gozan del apoyo material del gobierno pero sin la expectativa de ceñirse al mandato de inclusión que pesa sobre el áula pública, la cual debe admitir a todo niño o niña en necesidad de instrucción no obstante su capacidad o nivel de preparación. Animando la proliferación de las escuelas “chárter” figuran aguerridos gestores de fondos de cobertura (hedgefund managers) y fundaciones poderosas de la talla de Gates Foundation, Broad Foundation y Walton Family Foundation.
La fundación Walton, por ejemplo, invierte 160 millones de dólares anuales en diseminar el evangelio de la privatización de la educación y la eliminación de las escuelas públicas (Motoko Rich, “A Walmart Fortune, Spreading Charter Schools” The New York Times 25 abril 2014). El respaldo del gobernador del Estado de Nueva York Andrew Cuomo al movimiento privatizador se explica no sólo por los cientos de miles de dólares que los inversionistas y líderes del sector financiero que respaldan a las “chárter” han aportado a la campaña reeleccionista del gobernador sino también por la necesidad de velar por su futuro político más allá de la gobernación (Javier C. Hernandez y Suzanne Craig, “Cuomo Played Pivotal Role in Charter School Push”, The New York Times 3 abril 2014). Dado su rumorado interés en llegar a la Casa Blanca, seguramente el olfato electoral de Cuomo le haya hecho ver cuánto más rentable resulta para sus aspiraciones tener de su parte a los ricos promotores de la privatización que a los educadores y a los padres defensores de las escuelas públicas.
La proliferación de medidas encaminadas a restringir la movilidad social de los sectores menos acaudalados de la ciudadanía ocurre a la vez que la economía capitalista prioriza la inversión en tecnologías encaminadas a suplantar la fuerza laboral con innovaciones provenientes de la automatización y la robotización industrial. El gobierno justifica el respaldo monetario a la empresa privada como una inversión que dinamiza la economía, razonamiento que por lo regular corresponde a la fe en el crecimiento del sector empresarial como elemento generador de empleos para la ciudadanía.
Pero al gobierno no parece interesarle constatar hasta qué punto la empresa privada opte por invertir los mismos recursos recibidos del gobierno en desarrollar tecnologías capaces de suplantar la fuerza laboral y de esa manera eliminar empleos. Como la sociedad de consumo se deja orientar por una ecuación acrítica entre desarrollo tecnológico y “avance”, a ningún gobierno capitalista se le ocurrirá poner coto al tipo de automatización que tienda a causar desempleo.
En el evangelio de la economía capitalista poner coto a cualquier tecnología equivaldría a promover el “atraso”. Mientras tanto crece impenitente el ejército de los desempleados y, así como su número aumenta, harán los promotores del status quo cuanto esté a su alcance por debilitarlos, embotándoles el potencial de transformar la sociedad.
