Por Cándido Mercedes
Si don Juan estuviese vivo, con
la gran capacidad que tenía para la reflexión y la maestría como artista de la
palabra tanto escrita como hablada, no cabe duda que frente a la realidad social
crearía una nueva categoría social: Núcleo Oligárquico de la Corrupción. Una
nueva casta social creada bajo el manto total del Estado. Una estratificación
social especial que se encuentra por encima de las leyes y que impide la
validación de un Estado de Derecho.
En una sociedad con un régimen político democrático el soporte medular que
le da el peso y el contrapeso, el ente legitimador, es la JUSTICIA. En el Estado de
Derecho lo que guía la actuación del Estado y la sociedad son las normas
legales establecidas que fijan las mismas obligaciones para todos, gobernantes
y gobernados. En un Estado de Derecho es preciso y se constituye en un elemento
sine qua non que los ciudadanos sean tratados de la misma manera, evaluados con
los mismos criterios y sujetos a las mismas exigencias.
En un Estado de Derecho el Poder Ejecutivo, el Poder Congresual y el Poder
Judicial no son una mera ficción, sino una realidad que permite el desarrollo
de las instituciones y la diafanidad y transparencia de las decisiones y
acciones lo más cerca de la realidad. No importa, incluso, si los actores de
los tres poderes fueran del mismo partido; empero, estando en presencia del
imperio de la ley y donde esa elite política tuviera al menos el don de la
decencia y la necesaria consciencia moral, el espíritu de la justicia, el
sentido del honor, de la integridad, de la dignidad y un poco del sentido de la
historia.
Lo que estamos viendo frente a los casos más emblemáticos de la corrupción
es una negación sempiterna de la Constitución del 2010. El Art. 4 establece
Gobierno de la Nación
y separación de poderes. El Art. 7 nos habla del Estado Social y Democrático de
Derecho que nos establece la separación e independencia de los poderes
públicos; y, el Art. 146 esboza Proscripción de la corrupción, en su numeral 1
dice: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que
sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los
órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas,
obtenga para sí o para terceros provecho económico”. El acápite 2 reza: “De
igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus
asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”; y el ordinal 3 del
referido artículo establece: “Es
obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de
bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar
el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a
requerimientos de autoridad competente.”
Lo que aspiramos es a una
sociedad decente, a una sociedad donde exista más y mejor democracia, donde prevalezca un régimen de
consecuencias frente a las acciones de los ciudadanos, donde la justicia con su
peso imponga las reglas del juego, ciega cual su génesis, para que sus hijos más
malvados, más perversos, cumplan frente a sus desafueros.
A partir del 2005, en nuestra sociedad, a los sociólogos se nos hace difícil
realizar un análisis de las clases sociales y ponderar las escalas de prestigio,
el status y la movilidad social. Dicho de otra manera, la estratificación
social y la reconfiguración y
reconsideración del análisis de clase, a partir de la penetrante onda expansiva
de la corrupción, desde y dentro del Estado mismo. Aquí no hablamos de negocios
y política, sino que el Estado es un instrumento de negocios. No se puede entender
a la luz de Marx, de Max Weber, de Dahrendorf, Goldthorpe. Quien más nos
ilumina al respecto es Pierre Bourdieu, al establecer la clasificación de las
clases por cuatro formas de capital “Económico, cultural, social y simbólico”.
Desde el 2005 se rediseñó el Estado como la fuente y sostenimiento de una hegemonía
política, ya no solo en base al clientelismo, sino también, al rentismo. Se verifica,
al mismo tiempo, una transformación económica y social de esa nueva elite política,
vía la corrupción como palanca potencializadora no solo de la alienación de una
parte significativa de la ciudadanía, sino en el eje de clase y política. Se dan
entonces, todas las formas y dimensiones de esa lacra social: Corrupción
Administrativa o Burocrática, Nepotismo, Padrinazgo y la Captura del Estado.
Es esa corrupción tan
grosera con todas sus modalidades, la que explica que produciendo riquezas
aumentemos la pobreza. Si
no, qué explica que hoy 6 de Abril existan más pobres (42%) que en el 1990,
1996, 2000. Como entender con datos empíricos, factuales, que solo el 2% de la
población ascendió socialmente en los últimos 10 años. Sin embargo, los réditos
de la corrupción han cambiado extraordinariamente los estilos de vida y
categorías de consumo de quienes forman parte de la elite del dominio de los
poderes públicos.
La exacción tan bestial desde el Estado en un proceso de acumulación que no
tiene parangón en la historia republicana, reconfigura la concepción de clase y
la política; una redefinición que va más allá de Burguesía Burocrática o
Paraestatal. Como ubicarlo en la estructura social, como trazar las fronteras
de clase a gente que ayer declaraban RD$547,000.00 pesos y hoy ni ellos mismos
saben cuanto tienen. Cuando accesamos a la declaración de bienes de muchos
funcionarios desde el 2004, uno no sabe si reír o llorar copiosamente. La
mezcla de emociones se da en esta terrible realidad que nos acogota la
existencia.
Duele la corrupción porque nos afecta socialmente, económicamente,
moralmente y políticamente; ya que esta última conlleva toda la problemática de
la gobernabilidad, de la sostenibilidad misma de la democracia. La corrupción es lo que hace posible el
abuso de poder, por eso, todo demócrata verdadero la desprecia, porque ella es
al mismo tiempo, el espectro más abominable y desgarrante de exclusión y de
desigualdad social.
Sin embargo, la tristeza nos derrumba el corazón cuando vemos la impunidad.
La impunidad es igual a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia que
expresa la diferenciación y jerarquización social de ese núcleo oligárquico. La
corrupción puede ser individual o colectiva; empero, la impunidad es siempre
colectiva, porque suma a otros poderes del Estado que están llamados a cercenar
la primera, a controlar y diezmar la corrupción.
Por el grado y dimensión de la impunidad podemos aquilatar la calidad de
los políticos y de los ciudadanos de un país, podremos auscultar el nivel de
institucionalidad de una nación y el signo del deterioro ético-moral de los
poderes fácticos de esa sociedad; en su lozanía con la complicidad y con la
indiferencia; con la falta de valor y de virtud, frente a una nueva clase:
Núcleo Oligárquico, esencia de la corrupción.
¡Construyamos un nuevo sentimiento moral y de decencia para mejorar la
sociedad que es de todos y todas!