Emilia Santos Frias.
Ante el
constante uso y abuso que dan algunas personas a nuestras libertades,
específicamente, a través de los medios
de electrónicos. Violaciones a derechos fundamentales; constatados en testimonios
de personas cercanas; monitoreo personal
y toda la información negativa que recibimos cada día, he analizado
varias tesis: se debe a la forma folclórica conque, la población dominicana
toma todo; inobservancia de las leyes o a la gran ignorancia educativa.
El morbo; la burla, es constante en las redes sociales.
Y ese no es el uso correcto. Ellas han venido a optimizar la aldea global que citó
Marshall Mcluhan, en su libro “Guerra y Paz”.
El autor habló de aldea global, para describir las consecuencias
socioculturales de la comunicación, inmediata y mundial, mediante todo tipo de
información. Ese cambio producido por la radio, el cine y la televisión; medios
de comunicación audiovisual; teléfono, la fotografía, la reproducción y
grabación de sonido. Así como por la prensa gráfica; el procesamiento digital…,
que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento. Y ocupan un
espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana. Una aldea que
en vez de dividir, uniría a ese ciudadano heterogéneo, diseminado en todo el
mundo.
Por lo que,
considero que, abrazar los avances
tecnológicos para hacer el bien, mediante la difusión de noticias positivas;
que eduque; oriente; contribuya a la prevención de problemáticas; incluso, para
acercar más a nivel personal a nuestros semejantes, haríamos un gran aporte ala
sociedad en que vivimos.
Hay
inobservancia, desconocimiento de las reglas
Si se enseñara
desde la educación básica, valores universales, deberes y derechos, hoy contaríamos otra historia.
En la
generalidad se está haciendo mal uso de las redes sociales, no hay duda de eso.
Y mediante ellas, se comete crímenes y delitos informáticos; penalizados en
nuestro país mediante la Ley 53-07. Los casos son tan abundantes como variados
en la temática que se comete violación, pero todos afectan derechos
fundamentales. La lista es grande y sigue aumentando ante las caras de nuestras
autoridades llamadas a poner correctivos oportunos y sentar precedente; cortar
de raíz su proliferación.
La exposición de
menores de edad víctimas de crímenes abominables; invasión a privacidad;
violación a la moral, dignidad, vida privada; correspondencia; atentado sexual,
desinformación, rumor tendencioso …
Es penoso, pero
hasta profesionales del Periodismo, cometen esas violaciones. A nadie le luce y
menos a nosotros-as. Al ser el este un servicio de interés social y la
información un bien común, tal como dice nuestro Código de Ética, es nuestro
deber reconocer y defender el derecho universal de las personas, a informar y
ser debidamente informadas.
De igual forma,
luchar por el libre acceso a las fuentes públicas y privadas de información,
para comunicar e interpretar los hechos con objetividad, veracidad y exactitud.
Al tiempo que, respeta y defiende el derecho de las comunidades nacionales,
raciales, religiosas, y políticas a la integración y desarrollo total del país.
Asimismo, propugnar la igualdad, la justicia
social y el bienestar para todos. Velando, porque el público tenga acceso a una
información fidedigna de los hechos, manejados objetiva e imparcialmente. Por
lo que, verificará y comprobará la información con precisión y claridad antes
de divulgarla.
Es un
compromiso, promover la educación, la cultura y la ciencia. Defender la dignidad
humana, la convivencia social y los valores esenciales de las comunidades.
Denunciará las acciones que atenten contra las personas y protegerá la salud
mental y la moral colectiva, desechando la pornografía, la vulgaridad, la
violencia y otros actos sensacionalistas
y degradantes en los medios de comunicación social. Por eso no nos luce hacer
mal uso de las redes sociales.
Hacer lo
contrario es cometer delito, actos violatorios a la ética profesional, Carta
Magna, Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, entre otras
normativas especiales. Me refiero por ejemplo a: ocultar informaciones de
interés colectivo; utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida;
participar en violaciones a los derechos humanos; la desinformación premeditada
y la difusión de rumores.
Igualmente,
irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio; soborno, la extorsión o el
cohecho; difamación y la injuria; inmiscuirse en la vida íntima de las
personas, salvo en casos de que se violente el orden público o se trate de
hechos noticiosos de interés, entre otros. Esa situación hace que cuestionemos.
¿Es la prensa un
caballero errante o un gran dragón?.
Es difícil
aceptar lo uno o lo otro. Quizás es preciso recodar aquellos aforismos
aprendidos en las aulas: “Dura lex, sed lex”, lo que significa que dura es la
ley, pero es la ley y debe ser cumplida por dura que parezca, incluso por los
gobernantes. Por lo tanto, su incumplimiento, conlleva sanción.
Otra máxima nos
recuerda que la ley se reputa conocida para todos; desconocerla no es excusa: “ignorantia
iuris non excusat". Mucha gente toma el desconocimiento como pretexto.
Pero, nos enseñaron que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y, rige
hacia el futuro, porque regula hechos que ocurren a partir de su publicación.
Es bueno que las personas dadas a hacer y deshacer, mediante los medios
electrónicos, no olviden este punto.
El compromiso
asumido como periodista es tan grande; sacrificamos en ocasiones, de ser
posible, nuestra propia seguridad, para proteger a la ciudadanía.
Sin dudas las
redes sociales han acercado familias; han puesto en contacto mucha gente que
hace años no se reencontraba. Y mediante ella, hasta han surgido grandes
amores, pero, su auge ha permitido a gran escala, mayor exposición a nivel de
masas; por ende, mayores niveles de violación a la privacidad. Por lo que, es
necesario buscar medidas contundente, que impidan siga aconteciendo. Esto no es exclusivo de la República
Dominicana. El fenómeno se da en todo el mundo.
Es oportuno reiterar
que, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, es
enfática; y al igual que la Constitución
de la República Dominicana de 2010, protege derechos y deberes fundamentales de
las personas ciudadanas, entre los que se encuentra la libertad de expresión,
integridad e inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados. Así
como, la Ley General de las Telecomunicaciones, 153-98, que establece la
obligación de respetar la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Al tiempo
que, prohíbe el uso de las
telecomunicaciones para cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia.
Esta misma ley que
prevé que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación, afirma que justo ese desarrollo, favorece la comisión de delitos
tradicionales; nuevas modalidades de infracciones y hechos que afectan
intereses patrimoniales, extrapatrimoniales de las personas físicas y morales.
Además, del Estado y las instituciones que lo representan. La difamación y la
injuria son sólo dos ejemplos de ellos.
Es la Ley de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, quien precisa: la difamación y la
injuria pública, cometida a través de medios electrónicos, Informáticos,
telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales; en aumento cada día, se sanciona
con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas
veces el salario mínimo.
Para reforzar
esta ley, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), aprobó recientemente,
el Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por
parte de los proveedores de servicios. Es decir las empresas telefónicas están
en el deber de ofrecer la información
solicitada por los Órganos de Investigación del Estado. Contribuyendo
así, a la protección de derechos humanos fundamentales, tales como la libertad
de expresión, el respeto a la vida privada, hogar y correspondencia y protección
de datos de carácter personal. Al tiempo que, da un gran golpe a los criminales
cibernéticos.
En torno a este
tema, la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, en su acápite:
Delitos contra las personas, castiga la difamación: alegación o imputación de
un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona, aun
cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no
mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los
términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas,
escritos o impresos, carteles o edictos incriminados.
También, la
injuria: toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no
conlleve imputación de hecho alguno. Si fue
cometida con el propósito de provocar sentimientos de odio en la
población, en perjuicio de un grupo de personas que, por su origen, pertenecen
a alguna raza o a alguna religión determinada…
La población
debe estar atenta, apropiarse de sus libertades y contribuir a la garantía de
los derechos de sus semejantes.
Generalmente,
estos delitos se cometen mediante publicación, difusión o reproducción, por
cualquier medio, y se evidencian mediante noticias falsas; documentos
fabricados, falsificados o falazmente atribuidos a terceros.
Publicaciones; difusiones; reproducciones que perturban la paz. Trastorno de la disciplina;
la moral; perjuicio a la nación, así como el ultraje a la buena costumbre.
También, se expresa mediante dibujos, grabados, pinturas, emblemas o imágenes
obscenas expuestas a la vista del público.
Y si bien es
cierto que nuestra Constitución Dominicana de 2010, en su Artículo 49, expresa
que: ”Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas
y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”,
Ese disfrute de esas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la
intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la
protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el
orden público.
Al mismo
tiempo, el Artículo 44, consagra el derecho
a la intimidad y el honor personal. Que se garantiza con el respeto y la no
injerencia en la vida privada; familiar, el domicilio y la correspondencia de
las personas. Reconoce el derecho al buen nombre y a la propia imagen. Y toda
autoridad o particular que los viole está obligada a resarcirlos o repararlos.
La Carta Magna
es sentenciosa al indicar que: ”el hogar; el domicilio y todo recinto privado
de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de
conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de
flagrante delito. Y toda persona tiene el derecho a acceder a la información y
a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o
privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos.
Reconoce la
inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en
formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser
ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente,
mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen
en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación
con el correspondiente proceso.
Es decir, es inviolable
el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica,
electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las
autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la
ley, como ha sido señalado.
Justo al
finalizar este escrito recibo la mirada del presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien expresó, que llama mucho
la atención y preocupación, como en el país se viola el derecho a la intimidad
tema que deja al descubierto el descontrol que vienen teniendo las redes
sociales en estos últimos años.
Mercedes, dijo que debe hacerse de manera
urgente, una campaña de concienciación de la ciudadanía acerca del respeto a la intimidad de las personas. “el pueblo en
vez de asustarse e indignarse con algunos casos de violación, mejor se ríe y
propaga informaciones muchas veces falsas”.
Informó que la
República Dominicana ocupa el puesto número 10, en la lista negra de países que
a diario; horas tras hora; minuto a minuto, violenta los derechos humanos.
Esta afirmación
en el momento que vivimos, no será puesta en dudas. Debido a que, tenemos el
caso de diversas informaciones que cubren las portadas de nuestros diarios
impresos, difundidas por la radio y la televisión; replicadas muchas
veces, mediante los medios electrónicos,
sin ser fundamentadas.
El bombardeo de
informaciones negativas; falsas; alarmantes. Rumores que mantiene a la opinión
pública preocupada: desinformación ante crímenes; leyendas urbanas;
reforzamiento de mitos; vulneración de derechos de la mujer…, la lista es
interminable y debemos entre todas y todos poner fin a esta situación, de
invisibilizaciòn de nuestros derechos fundamentales. La sociedad no soporta más perturbación a la
paz.
No en vano, el
escritor y semiólogo italiano, Umberto Eco, afirmó: ”Las redes sociales generan
una invasión de imbéciles. El tonto del
pueblo, ahora es el portador de la verdad”.
La autora es educadora,
periodista, abogada y locutora.
