Minuto a minuto el COVID-19 :
En Mundo:Contagios:31.1 MM;Muertes 961,000 y Recuperados Mas de 21.3 MM.
China detecta 7 nuevos casos importados y suma 39 días sin contagios locales.
Venezuela se acerca a los 70,000 contagios de COVID-19.
EEUU se acerca a los 7 millones de contagiados por el coronavirus.
RepublicaDominicana:Contagios,109,737;Muertes 2074 y Recuperados 833,434.
Procuradora asegura en declaraciones de bienes “hay un mundo de informaciones” y no quedará ninguna sin investigar
”No quedará ninguna declaración jurada sin investigar. Los entrantes y los salientes para verificar lo que dijeron que tenían al llegar y los que aseguran tener al salir”, señaló
La procuradora General de la República, Miriam Germán, considera fabulosas algunas fortunas que se han develado con las declaraciones juradas presentadas por funcionarios entrantes y salientes.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, canal 37, Germán dijo que cree que en esas declaraciones “hay un mundo de informaciones” y no quedará ninguna sin investigar, aun sea alguien que es o ha sido presidente de la República.
”No quedará ninguna declaración jurada sin investigar. Los entrantes y los salientes para verificar lo que dijeron que tenían al llegar y los que aseguran tener al salir”, señaló.
Dijo que en realidad hay incrementos que asombran, porque son fortunas creadas Sin que se conozcan herencias ni posesión de grandes empresas, pero eso será determinado por las investigaciones que se realizarán.
“Todo será investigado siguiendo los informes en el registro de títulos, en el pago de los Impuestos”, expresó durante la entrevista en la que también participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Expresó que los que no han declarado tienen una tipología especial, es decir, que no han cumplido con la ley. Los que salieron tienen que ser objeto de investigación al igual que los entrantes.
Yeni Berenice Reynoso: “Vamos con todo y por todos”
La procuradora de persecución de la corrupción asegura que la única restricción que tendrán por delante los funcionarios judiciales será el respeto al estado de derecho.
“Vamos con todo y por todos”, con esta frase se refirió Yeni Berenice Reynoso a las investigaciones por corrupción que están en su despacho y adelantó que la su única lealtad es con la Constitución.
“No quedara sin investigar ninguna denuncia que tenga que ver con la desaparición o sustracción de un peso del Estado”, enfatizó Reynoso durante una entrevista en el programa Despierta con CDN (canal 37) en la que también participaron la procuadora Miriam Germán Brito; y Wilson Camacho, procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La procuradora de persecución de la corrupción asegura que la única restricción que tendrán por delante los funcionarios judiciales será el respeto al estado de derecho.
Afirma que nadie está liberado de responder por sus hechos, no importa si es funcionario o presidente actual o en el pasado, “lo que garantizamos es que a nadie se le va atropellar
El presidente Abinader destituye a 12 subdirectores de Ganadería
FUERON NOMBRADOS ENTRE 2010 Y 2016
El presidente Luis Abinader destituyó a 12 subdirectores de Ganadería, en un decreto que deroga los artículos de los decretos con los que habían sido nombrados en diferentes fechas, comprendidas entre 2010 y 2016.
Con el decreto 485-20, de fecha 21 de septiembre ydado a conocer este jueves Día de la Virgen de Las Mercedes, fueron derogados los nombramientos como subdirectores de Ganadería de Modesto Romero Pérez; Fernando Minaya; Maritza Antonia Almánzar Fernández; Octavio Antonio de la Maza Rúa y Francisco Rodríguez Marcelino.
También fueron derogados los nombramientos de Flavio Olivo Peña; Daniel Antonio Henríquez Paulino; Rodolfo Enrique Acosta Recio y Manuel Moreno Mueses; Alfredo Valdez Alcántara, Julio Adolfo Núñez Carrasco y Héctor Bienvenido C. Zorrilla.
El mayor control social ante Covid se dio en abril
Abril fue el mes en que el país tuvo un mayor control de la movilidad de la población en los diferentes espacios de la vida nacional desde que inició la pandemia del Covid-19.
Esto se podría atribuir al temor y a las medidas restrictivas impuestas para el control de la expansión del virus cuyo primer caso importado se diagnosticó en marzo.
Esa reducción de la movilidad alcanzó al día 10 de abril pasado una reducción de un 84% en sitios de venta y recreación, un 83% en lugares de trabajo, un 88% en transporte público, 69% en espacios públicos, 73% en ventas de alimentos y farmacias y un 38% en espacios residenciales.
Los porcentajes de control de movilidad han ido bajando de manera paulatina, colocándose al día 10 de este mes de septiembre en sólo un 10% en sitios de venta y recreación, 12% en ventas de alimentos y farmacias, 3% en espacios públicos, 49% en transporte público, 36% en lugares de trabajo y 14% en espacios residenciales.
Los resultados de la medición de la movilidad de la poblaciones en diferentes espacios del 10 de marzo al 10 de septiembre usando como fuente a Google Mobility Reports fueron dados a conocer por el asesor de salud en asuntos de Covid, doctor Eddy Pérez Then.
No obstante el informe no mide el impacto de la epidemia en las relaciones entre las personas.
Las medidas restrictivas incluyendo declaratoria de Estado de Emergencia y Toque de Queda por el Covid iniciaron en el país a mediados del mes de marzo.
Ese mes, las mediciones indican que la movilidad por sitios de venta y recreación se redujo en un 3%, en lugares de venta de alimentos y farmacias en un 1%, en espacios públicos en 6%, en transporte público en un 1%, en lugares de trabajo en un 3% y en espacios residenciales en 0%.
Al 10 de mayo, el comportamiento en cada uno de esos renglones en cuanto a reducción de movilidad fue de 67%, 47%, 60%, 77%40% y 18%, respectivamente; en junio el comportamiento fue de 38%, 24%, 34%, 52%, 37% y 17%; al 10 de julio estuvo en 33%, 18%, 29%, 44%, 35% y 15% en nivel residencial; y en agosto la reducción de movilidad se comportó en 32%, 21%, 28%, 45%, 37% y 14%.
Al 10 de septiembre pasado la movilidad en sitios de venta y recreación sólo se había reducido en 10%, en lugares de ventas de alimentos y farmacias en un 12%, en espacios públicos en un 3%, en transporte público en un 49%, en lugares de trabajo en un 36% y en espacios residenciales en 14%.
Al cierre del mes de marzo el país había registrado 1,109 casos confirmados y 51 fallecimientos por Covid; al de abril se habían notificado 6,972 casos y 301 muertes; al concluir mayo las cifras del país estaban en 17,285 contagiados y 377 muertes.
INFORME
Boletín.
Ayer el boletín especial número 188 sobre el comportamiento del Covid registró un acumulado de 109,737 casos confirmados y 2,074 defunciones desde el inicio de la pandemia.
Contagios.
El sistema captó 10 nuevas defunciones de las cuales una ocurrió en las últimas 24 horas del reporte, así como 468 nuevos casos confirmados como positivos.
Incontrolable: El cruce de ilegales haitianos
burla cordón militar fronterizo
Pese a que el presidente Luis Abinader anunció hace poco en Pedernales el reforzamiento militar de la línea fronteriza, para encarar el enorme flujo de ilegales haitianos y las actividades ilícitas generales, el desborde de indocumentados sigue creciendo en la zona, percibiéndose síntomas de preocupación aquí y se extienden por la Línea Noroeste y el Cibao.
Durante su campaña electoral, Abinader dijo, durante un acto en Guayubín, de Montecristi , que “no se puede aceptar más la presencia de inmigración ilegal en el país” y que aplicaría rigurosamente la Ley de Migración .
En adición a esto, el director general de Migración, Enrique García, anunció el 16 de este mes que ese ente empezaría, “en los próximos días” la deportación de ilegales haitianos, aunque todo sigue en espera.
A poco más de una semana de esto, aún no se ha anunciado ni visto movimiento alguno de redadas, mientras cada día hay más presencia de haitianos en calles de ciudades y localidades rurales, deambulando, pidiendo limosnas o parapetados en aceras vendiendos chucherías. García dijo que desde hace más de seis meses, cuando inició la pandemia del Covid19, Migración no ha deportado a ciudadanos haitianos.
Ingreso sin control
Esta comunidad fronteriza sigue siendo una de las más vulnerables a lo largo del cordón fronterizo para el tráfico de indocumentados, corte de árboles para quema del carbón vegetal, entrada continua y fuera de control a través de trechos y montañas.
Lo que día a día viven los pocos soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y del Ejército, salvaguardas de la soberanía y la seguridad, desde Pedernales hasta Jimaní, es inquietante. Con una responsabilidad tan compleja, el número de soldados allí no es suficiente, igual que los medios para ejecutar la logística.
Falta más vigilancia
Según datos obtenidos aquí, la vigilancia para esta zona descansa en el servicio de 80 soldados del Cesfront y más de 50 del Ejército, en un espacio de frontera donde el tráfico de indocumentados ya es incontrolable y la vigilancia es fácil de burlar.
Un recorrido por la división fronteriza con Haití se observó poca vigilancia de soldados, una verja perimetral destruida y arrastrada, junto a la pirámide 311, por el desborde del río Pedernales, que divide a ambos lados, al paso de la tormenta tropical Laura.
Este río derribó árboles y arrastró piedras, dejando a los soldados del Cesfront sirviendo bajo muchas calamidades, principalmente aquellos que vigilan espacios de cinco kilómetros de frontera.
Tratando de cumplir con su rol de soldados que vigilan la frontera, en los últimos días el superior del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre se vio obligado a abrir carriles, usando sus propios recursos, para poder penetrar hacia lugares llenos de escombros y árboles derribados por la tormenta.
Pese al tráfico de haitianos que cruzan sin dificultad hacia este lado para establecerse aquí o seguir sus viajes hacia otros pueblos de la región o a las grandes ciudades, como la capital, una actividad bastante dañina aquí es la tumba de árboles para la quema de carbón.
MIGRACIÓN
La promesa.
Enrique García: “Vamos a comenzar ya con esas deportaciones, dentro del marco de la racionalidad, con las intervenciones correspondientes para enviar al hermano país a todos aquellos que están aquí en condiciones migratorias irregular” .
Durante su campaña electoral, Luis Abinader dijo que el control migratorio del país tiene que ser ejercido por las autoridades dominicanas.
Abinader pide a ONU compromiso con la salud
, educación y tecnología
El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el mundo entero está puesto a prueba con la pandemia del Covid-19 y para enfrentar sus efectos es necesario actuar como comunidad global en los ámbitos de salud, educación y tecnología.
En un discurso presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), emitido en forma virtual, Abinader propuso a la comunidad internacional que en el ámbito de la Salud, se deben “crear las condiciones de acceso universal a la vacuna contra el Covid-19 en cuanto el remedio esté disponible”.
“Desde aquí, exigimos, que la vacuna sea accesible a todos los seres humanos del planeta. Para esto nació una organización como esta. Para en momentos históricos estar a la altura. Para ello, es fundamental el papel de la Organización Mundial de la Salud, así como la creación de un fondo de solidaridad global que sirva como reserva para paliar los estragos de futuras pandemias”, apuntó el mandatario.
En el ámbito de la Educación, Abinader consideró que se deben “poner en común las experiencias más positivas en el campo de la formación online, de la capacitación de competencias y apoyar los esfuerzos de inversores en las políticas educativas”.
Igualmente, el jefe del Estado dominicano consideró que la ONU debe ser motor y guía para que “el siglo XXI sea, de verdad, el siglo del conocimiento gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. De ahí que acabar con la brecha digital sea una de las prioridades inaplazables para la comunidad internacional”, apuntó.
El golpe del Covid-19
Abogó por mayores compromisos para llevar a término las políticas para frenar la pandemia primero, extender el tratamiento y la vacuna después, con el interés de asumir las tareas de reconstrucción de todo lo que ha dañado la pandemia.
“En la República Dominicana, la pandemia nos ha golpeado con especial dureza. Hemos padecido un sistema de protección social precario, con un gasto social per cápita de 604 dólares frente al promedio regional de 941. Y ello, mientras se da la paradoja de que somos una de las naciones con mayor crecimiento económico de la región, pero que no ha conseguido, hasta ahora, cerrar la brecha de la desigualdad”, expresó Abinader.
No obstante, el mandatario advirtió que todo desarrollo y todo avance será en vano “si no se tienen en cuenta los valores consagrados por esta organización en su Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
“Para la defensa de estos valores, la ONU sabe que cuenta con el compromiso firme de la República Dominicana. Para avanzar hacia mayores cotas de dignidad humana, que potencien las políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de los niños y niñas afectados por conflictos armados o en riesgo de ser vendidos como esclavos para ser prostituidos. Realidades terribles que hoy en día suceden en nuestro planeta y que tenemos el imperativo moral de erradicar de una vez por todas”, puntualizó el gobernante dominicano en su intervención.
Protección del ambiente
Abinader también expresó el compromiso dominicano con la protección del medio ambiente, y en especial el apoyo a los Acuerdos de París.
Consideró que la dimensión de la seguridad en el contexto del Cambio Climático debe ser más y mejor estudiada, “porque un fenómeno natural puede provocar o agravar cualquier conflicto, en especial en las zonas de alta fragilidad”.
Advirtió que la ocurrencia de fenómenos naturales y eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y que su mayor intensidad afecta de manera particular a los pequeños estados insulares en desarrollo, “lo que obliga a que esta organización siga por la senda de no considerar tales fenómenos como eventualidades, sino como realidades comunes y reiteradas para las que conviene estar preparados”.
Salud y educación
Abinader informó que el gobierno está poniendo en marcha el programa de salud pública “más ambicioso de nuestra historia para alcanzar la cobertura universal hacia finales de año al tiempo que aumentamos la inversión pública en el Sistema Nacional de Salud”.
Agregó que junto a ello, impulsa un plan de fomento de la educación que, entre otras medidas, “facilitará a estudiantes y profesores dispositivos electrónicos para que el Covid-19 no haga perder ni un instante de su proceso formativo. El futuro no espera, y nuestros estudiantes no pueden perder ni un minuto de su formación”.
Reiteró que los jóvenes han de ser una de las prioridades y que se debe trabajar para su mejor educación.
Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el gobernante dominicano dijo que hay retrasos y que para alcanzarlos es necesario un compromiso firme de los países desarrollados, porque naciones de renta media como la República Dominicana enfrentan un reto particular porque si bien su economía avanza, prevalecen debilidades institucionales que conllevan a la desigualdad.
Jueces que han estado bajo la lupa
Golpear el mallete para imponer una medida de coerción, dictar apertura a juicio, imponer una condena, o simplemente anular certificados de títulos de propiedad, ha dado notoriedad a muchos jueces.
La trascendencia de los casos, ya sea por su complejidad, o por tratarse de crímenes horrendos que han consternado a la población, es lo que más realce ha impregnado a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” como dispone la Constitución. Los magistrados que ejercen en materia penal son los que más trascienden, por ser los casos que más interesan a la opinión pública.
En las últimas décadas, sobre los hombros de decenas de jueces ha recaído la responsabilidad de decidir casos relevantes que han mantenido en vilo a los dominicanos, desde el hecho hasta la condena.
La asignación de expedientes sobre sucesos que han conmocionado el país, permite develar el rostro y los nombres de los magistrados, cuyos fallos en ocasiones son aplaudidos, cuando llenan las expectativas, pero a veces reciben repudio cuando se considera que no decidieron conforme a la magnitud del hecho.
Mientras duran los procesos judiciales, los magistrados han estado bajo la lupa de la ciudadanía desde la fase de instrucción, cuya decisión compete a tribunales unipersonales, ya que en la etapa de fondo y de apelación corresponde a una jurisdicción colegiada.
Su rol y formación
Para ingresar al Poder Judicial se requiere aprobar un concurso y luego durar dos años en un programa de formación continua en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Del 2002 al 2019 se han formado 476 jueces en 19 promociones, los cuales han sido asignados de inmediato a juzgados de paz. Las mujeres son las que más se han interesado por pertenecer a la judicatura, pues 326 han egresado de la ENJ (68%). Llegar al último eslabón, que lo constituye la Suprema Corte de Justicia (SCJ), suele ser la meta de los que se montan en el tren judicial, aunque para ocupar un puesto allí no solamente es necesario hacer carrera, porque hay una cuota que se reserva a los abogados de ejercicio.
El miércoles 16 de septiembre del 2020, el nombre de la jueza Carmina Caminero, de la Cámara Penal de San Francisco, sonó con más frecuencia. Fue la magistrada que dispuso la libertad de Marlin Martínez, implicada en el asesinato en el 2017 de la adolescente Emely Peguero, un hecho que conmocionó al país.
La jueza acogió un recurso de habeas corpus que impuso Marlin, por haber cumplido más de la pena de dos años que le impuso la Corte de Apelación de la provincia Duarte. Se trata de una jueza con 11 años de ejercicio, egresada en el 2009 del programa de formación de la ENJ.
No fue la única jueza que intervino en ese proceso. El Segundo Tribunal Colegiado de San francisco de Macorís, presidido por la jueza María de los Angeles Concepción, fue que le impuso cinco años de prisión a Marlin, pena que luego fue reducida a dos en la Corte de Apelación, y 30 años a su hijo Marlon Martínez. Esta magistrada también entró en el 2009 a la judicatura.
Pero a quien correspondió dictar apertura a juicio e imponer la medida de coerción fue a la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción, Isolina Contreras Peralta, quien forma parte del poder judicial desde el 2005.
Caso de la Red de Figueroa Agosto
Hay que recordar el rol que jugó en el 2010 la magistrada Clarivel Nivar cuando instruyó el proceso seguido a los integrantes de la red de narcotráfico que presidía el puertoriqueño José David Figueroa Agosto, la cual fue desmantelada a partir de un operativo realizado en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, en el que fueron incautados 4.6 millones de dólares en una yipeta.
La jueza Nivar emitió el auto que envió a juicio de fondo a ocho implicados, en noviembre de 2010.
Pero luego de manejar ese expediente, se vio afectada por varios hechos violentos que ocurrieron alrededor de ella y de su familia, que provocaron incluso que cambiara de residencia y se le asignara seguridad para su protección, como el asalto a su vivienda y el asesinato de un hermano.
En una entrevista, comentó que conocer el caso Figueroa Agosto representó un reto para ella. Nivar se graduó como jueza en el 2005 y comenzó a trabajar ese año en el Tribunal Especial de Tránsito de San Cristóbal. Correspondió a jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jueza Giselle Méndez, imponer la condena en este caso, que consistió en 15, 12 y 5 años de prisión. Méndez está en la judicatura desde el 2005, iniciando por el juzgado de paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, y ha tenido la responsabilidad de conocer otros procesos judiciales que conmocionaron a los dominicanos.
La jueza Leonarda Quezada Belén, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Oeste, se ocupó de dictar prisión preventiva a los implicados en el horrendo asesinato del abogado Yuniol Ramírez, hecho ocurrido en octubre del 2017, atribuido a las denuncias de corrupción que había presentado el jurista.
Al año siguiente de imponer la coerción a los implicados en ese caso, la magistrada fue ascendida a jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, según reseñó Listín Diario en esa ocasión.
Quezada Belén entró a la administración de justicia en el 2014, siendo designada como jueza de paz especial de tránsito de Monseñor Nouel, según consta en una lista de egresados de la ENJ.
La fase preliminar del caso está en curso, a cargo de la jueza Solange Raquel Vásquez Reynoso, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Vásquez Reynoso se formó como magistrada en el año 2011, y fue enviada a desempeñar el cargo de jueza de paz de Castillo.
Asesinato de monaguillo
La noticia sobre el asesinato del monaguillo Fernelis Carrión Savillón causó conmoción en agosto de 2017. El juez Julio Armando Aybar Ortiz tuvo la responsabilidad de conocerle la medida de coerción al acusado del crimen, el sacerdote Elvin Taveras, imponiéndole un año de prisión preventiva. Aybar Ortiz ingresó a la judicatura en el 2010, comenzando su labor en el juzgado de paz de Las Charcas, Azua.
El juicio preliminar lo conoció el juez Máximo Rosa Saint Hilaire, quien emitió el auto de apertura a juicio de fondo. El magistrado lleva 12 años en el servicio judicial, ingresó en el 2008 como juez de paz en San Cristóbal.
Luego, en febrero del 2019, el sacerdote fue condenado a 30 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, integrado por tres juezas: Josefina Ubiera, Flor Batista y Marleny Altagracia Santos.
Caso Chamán Chacra
En el 2018 también escandalizó el país el asesinato de la señora Reina Isabel Encarnación y sus tres hijos en el barrio Enriquillo del Distrito Nacional, por el cual fue enviado a prisión Víctor Alexander Portorreal Mendoza, conocido como Chamán Chacra, pareja de Encarnación.
La prisión preventiva correspondió imponerla al juez José Alejandro Vargas, quien en los últimos años ha intervenido en fase de instrucción en otros casos de crímenes horrendos. Ingresó en el 2005 al poder judicial y se desempeña actualmente como coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional y juez de Tribunal de Atención Permanente.
La jueza Arisleyda Méndez Batista, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien envió a juicio de fondo a este imputado en noviembre del 2018. Esta magistrada entró a la judicatura en el 2009.
La condena de 30 años de prisión a Chamán Chacra le fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Asesinato ex rector de la UASD
El 11 de marzo del 2006 el país fue estremecido por la noticia del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, que tuvo como principal acusado al entonces presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Blas Peralta.
El juez Rigoberto Sena Ferreras, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien envió a juicio a Blas Peralta y a otros implicados en abril de 2017. Sena Ferreras ingresó al sistema en el 2010, como juez de paz de Villa Fundación.
La coerción en este caso fue impuesta por el magistrado Alejandro Vargas y la condena de 30 años a Peralta la dictó el Primer Tribunal Colegiado.
Los verdugos de la fosa
La aparición de cadáveres de choferes en varias fosas de San Pedro de Macorís en mayo del 2018 fue motivo de consternación.
La coerción de un año de prisión fue fijada por la jueza Farida Abud Peña, quien ingresó al poder judicial en el 2011 como jueza de paz de Las Cuevas, de San Pedro de Macorís. Luego, el auto de apertura a juicio a varios implicados en esos asesinatos fue emitido por el juez de la instrucción Jossephang Bernhardt, quien ingresó a la judicatura en el 2014 en el juzgado de paz de Quisqueya, de San Pedro de Macorís. Luego un tribunal colegiado impuso condenada de 30 y 20 años a dos imputados.
Asesinato taxistas
A la jueza Karen Mejía, del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, le fue asignada la medida de coerción a los acusados de integrar una banda que se dedicaba a asaltar y asesinar a taxistas, de la cual también formaban parte menores de edad que fueron juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.
En la audiencia preliminar a los 5 menores intervino la jueza Leidy Isabel Alcántara Manzueta, del tribunal de niños, niñas y adolescentes de la provincia Santo Domingo, quien ingresó al poder judicial en el 2005 como jueza de paz de Don Juan, de Monte Plata.
Luego, el juez Rafael Abreu condenó a los menores a penas de 3 y 5 años de prisión, esta última era pena máxima que contemplaba el Código de niños, niños y adolescentes. Abreu ya salió de la judicatura pensionado.
Y el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo fue que conoció el juicio de fondo a los adultos sometidos por esos asesinados, condenando a uno a 30 años y descargando a otro. Ese tribunal estaba presidido por el magistrado Julio César Lara.
Narcotráfico
A la jueza Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le correspondió instruir varios casos sobre crímenes horrendos y narcotráfico que impactaron en la sociedad, enviando a juicio de fondo a los acusados, entre ellos el proceso seguido al acusado de narcotráfico Bienvenido Guevara Díaz (Maconi) y otras 16 personas involucradas en el tráfico de 1,570 kilos de cocaína. Además, a los acusados de asesinar al periodista Claudio Nasco, en diciembre del 2013, y de algunos expedientes de corrupción contra exfuncionarios gubernamentales.
Romero se formó como jueza en el 2006, siendo nombrada en el juzgado especial de tránsito de la Sexta Sala del Distrito Nacional.
Red César el abusador
El juez José Alejandro Vargas fue quien impuso coerción a varios implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, desmantelada en agosto del 2019 durante operativos de la DNCD y el ministerio público. En ese operativo no fue atrapado César el Abusador, debido a que se fugó del país, pero fue capturado en diciembre de ese año en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde era requerido.
El proceso a varios implicados en esa red fue ventilado en la sala penal de la SCJ, debido a que fueron pedidos en extradición.
Al juez Julio César Canó Alfau le tocó conocer el juicio de fondo a los acusados del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo del 1996 en el Distrito Nacional.
En ese entonces, el magistrado presidía la Sexta Cámara Penal del Distrito Nacional, y le impuso 30 años de prisión a Mario José Redondo Llenas y 20 años a Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien ya salió por pena cumplida.
Canó Alfau es un juez de larga trayectoria en el Poder Judicial, adonde ingresó en el 1985. Actualmente preside la Cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La jueza Alba Luisa Beard Marcos saltó a la palestra pública al ser asignada para conocer en el 2014 la demanda de nulidad de 1,200 certificados de títulos de propiedad expedidos de manera irregular en Bahía las Aguilas, Pedernales, cuando presidía la Octava Sala Penal del Tribunal de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional. El 25 de agosto de 2014, la jueza declaró nulas y sin ningún efecto jurídico las transferencias, operaciones inmobiliarias, refundiciones, subdivisiones, deslindes, transacciones y cualquier operación realizada desde el 1990.
Beard Marcos se formó en la promoción de la ENJ del 2006, y fue asignada al juzgado de paz de la Primera Circunscripción de Santo Domingo Este. Actualmente se desempeña como jueza del Tribunal Constitucional.
En jurisdicción privilegiada
En la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), varios jueces han tenido un rol protagónico al decidir expedientes que involucraban a funcionarios públicos y legisladores.
Lo más reciente fue la instrucción del caso de los sobornos que admitió pagar la empresa Norberto Odebrecht, para cuya fase fue designado el juez Francisco Ortega Polanco, quien impuso las medidas de coerción y dictó auto de apertura a juicio.
También le tocó un papel activo al ex juez Alejandro Moscoso Segarra, quien en el 2015 dictó auto de no ha lugar o descargo en favor del senador Félix Bautista.
En esa misma jurisdicción, el entonces juez Juan Hiroito Reyes rechazó reabrir la investigación contra el senador Amable Aristy Castro y declaró extinta la ac
