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La conferencia internacional organizada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) sobre “Periodismo bajo la sombra de las leyes antiterroristas” se clausuró el 11 de septiembre, en Bruselas, con la adopción de una declaración que exige la revisión de las medidas introducidas en la lucha contra el terrorismo que socavan la independencia de los periodistas.
La siguiente declaración sobre el impacto de la legislación antiterrorista en el periodismo, durante el período que siguió a los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos, fue adoptada tras dos días de debates:
Conociendo que que sucedieran los ataques terroristas contra Estados Unidos, aquel 11 de septiembre de 2001, la respuesta de los gobiernos a esa amenaza terrorista fue, en la mayoría de las ocasiones, desproporcionada y teniendo en cuenta que los resultados fueron:
· la violación sistemática y el deterioro de los derechos fundamentales,
· la introducción de una serie de medidas de vigilancia masivas que tenían como objetivo a periodistas y medios de comunicación,
· la aplicación por parte de los gobiernos -a menudo sin el debido control y debate- de leyes y normativas que han socavado hasta reducir a la mitad los estándares mínimos sobre derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de 1948,
· la dominante “atmósfera de paranoia generalizada” en los medios y en el periodismo independiente, que ha conducido a peligrosos niveles de autocensura,
Reconociendo que dichas leyes -cuando fueron adoptadas por los estados democráticos- han sido utilizadas por los regímenes autoritarios para reforzar sus sistemas opresivos y, en otras instancias, para restringir la disidencia interior y exterior de los medios de comunicación, así como para recortar la libertad de expresión,
Estimando que todas las formas de violencia indiscriminada y terrorismo son inaceptables y amenazan también al propio periodismo y a la libertad de prensa,
Temiendo que la mayoría de las medidas antiterroristas adoptadas por los estados en la década pasada hayan contribuido a la implantación de “una sociedad de vigilancia”, con el uso de nuevas formas de vigilancia electrónica y de las nuevas tecnologías para supervisar las actividades de los periodistas, con el uso añadido de espías y agentes infiltrados en las redacciones, impulsando la vigilancia de los teléfonos y ordenadores, y el registro de movimientos,
Rechazando el mensaje de que los derechos humanos fundamentales pueden ser sacrificados en la lucha contra el terrorismo y, además, preocupados porque los intereses nacionales sigan permitiendo a los gobiernos retirar información o despreciar las protecciones legales y constitucionales de las que deben disfrutar a la vez los ciudadanos, los periodistas y quienes denuncian los abusos,
DECLARAMOS
1. Que los gobiernos no deben sacrificar las libertades civiles con el pretexto de la seguridad;
2. Que todas las leyes nacionales y antiterroristas, entre ellas las decretadas en la estela del 11 de septiembre, deberían ser revisadas para asegurarnos de que respetan los derechos humanos y las normas relativas a la libertad de expresión y para impedir su mal uso contra los periodistas;
c) construir la más amplia coalición posible con otros sindicatos, activistas de los derechos humanos, propietarios de los medios, cuando sea conveniente, y con otras organizaciones de los medios y grupos relevantes de la sociedad civil contra otros posibles ataques a los derechos democráticos y a las libertades civiles,
d) presionar para la introducción de leyes de libertad de información que garanticen a los ciudadanos el derecho al acceso de la información pública y restringir la aplicación de normativas de mantenimiento de secretos, eliminando las leyes que criminalizan el periodismo y que restringen la protección de las fuentes, e) promover debates nacionales e internacionales sobre la necesidad de una vigilancia profesional, una conducta ética y la mejora la capacidad de trabajo de los periodistas, sin presiones políticas injustificadas de cualquier origen, para impulsar la tolerancia en el periodismo. Adoptado en Bruselas, el 11 de septiembre de 2011Para más información, pueden contactar con Ernest Sagaga (ernest.sagaga@ifj.org, teléfono: + 32 2 235 2207)
La FEP representa a más de 250.000 periodistas en 30 países.
