Enfocar la solución de los problemas de delincuencia e inseguridad por la vía penal es un craso error y un lamentable desenfoque del problema que origina y aumentar la delincuencia, como han dicho varias organizaciones especializadas en la atención y protección de los derechos humanos de los menores en conflicto con la ley.
Si tenemos deficiencias en el ámbito político, proclamamos la necesidad de una revolución democrática y modificamos la Constitución de la República, como acaba de ocurrir. Casi llegamos a 40 reformas constitucionales. Estados Unidos, que sirve de modelo para muchos temas políticos, apenas ha realizado unas cuentas enmiendas a su Constitución de 1787. Inglaterra es un caso más sonoro, pues no tiene formalmente una Constitución.
En la República Dominicana vivimos haciendo reformas legales. En 1994 una crisis electoral provocó un cambio en la Constitución. En el 2002 hicimos otro cambio a la Constitución, y en el 2010 proclamamos una nueva Constitución.
Hemos elaborado nuevos códigos civil y penal, y en cada ocasión que se hacen reformas legales se piensa que esas reformas resolverán los problemas. Las drogas, por ejemplo. Hay quienes piensan que cambiando la Ley 50-88 se resolverán los problemas relacionados con las drogas, tráfico y consumo.
Otros sostienen que reformando los castigos para la delincuencia se pueden resolver los problemas vinculados a la seguridad ciudadana. Y entonces se propone una nueva reforma del Código Penal y se sugiere aumentar de 30 a 40 años las penas máximas, y otros sugieren bajar la edad para el castigo a los menores en conflicto con la ley.
Un número significativo de organizaciones están sugiriendo cambiar la ley No. 136-03, que contiene el llamado Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para incrementar las penas y los castigos para los menores en conflicto con la ley. Piensan que de ese modo se resolverá la preocupante presencia de menores en delitos comunes, robos, asaltos y asesinatos.
Enfocar la solución de los problemas de delincuencia e inseguridad por la vía penal es un craso error y un lamentable desenfoque del problema que origina y aumentar la delincuencia, como han dicho varias organizaciones especializadas en la atención y protección de los derechos humanos de los menores en conflicto con la ley.
La pobreza, la marginalidad, la falta de equidad, la injusta distribución de los ingresos nacionales, la pésima distribución del presupuesto nacional, el clientelismo político, la sumisión a los partidos y a sus líderes, la ostentación de riqueza de los funcionarios públicos y de los ricos del sector privado, la corrupción pública y privada, el paternalismo en las decisiones gubernamentales, el despilfarro de los fondos públicos, el nepotismo y muchas otras variantes de impunidad, son la causa de la creciente delincuencia.
Acción Callejera, una entidad de Santiago que trabaja por la niñez y la adolescencia, ha dicho que la nueva modificación en curso del Código Penal, sobre adolescencia y juventud, se ha puesto en marcha en otros países y ha fracasado. Ya en el país se aumentaron las penas, y la delincuencia sigue creciendo.
“Las medidas drásticas de privación de libertad, por sí solas no resuelven el problema de la delincuencia de los adultos y mucho menos la de las personas menores de edad -la fiebre no está en la sábana- En nuestro país la Ley 14-94 establecía 2 años de privación de libertad como máximo y en la Ley 136-03 se aumentó a 5 años y las acciones delictivas en la actualidad no se han reducido”.
Estamos de acuerdo con Acción Callejera y sugerimos a los congresistas reflexionar seriamente antes de tomar disposiciones apresuradas sobre las sanciones a los menores en conflicto con la ley, como forma de enfrentar la delincuencia y la criminalidad.
