De: Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, actuando como Tribunal Constitucional, por primera vez en audiencia oral y pública, se reservó el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad elevado por la Procuraduría General de la República contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que limita a 75 años la edad tope para los jueces que integrarán el Tribunal Constitucional. El veredicto será dado a conocer dentro de los próximos 30 días.El Ministerio Público, en la persona del procurador adjunto Idelfonso Reyes, pidió al máximo tribunal que rechazara el recurso introducido por la Federación de Padres de Colegios Privados y Escuelas Públicas (FEDEPADRES) y por el Colegio de Abogados, seccional Bonao, por considerar que las partes no tienen calidad para elevar ese recurso.
Mientras, por otro lado, el procurador Reyes pedía que se admitiera como válido el recurso introducido por los doctores Manuel Labourt, Miniato Coradín y Guillermo Antonio Soto Rosario, por considerar que estos sí tienen calidad para elevar una acción directa de inconstitucionalidad conforme el artículo 185 del a Constitución, por el hecho de que estos abogados son partes afectadas, dado que los tres tienen 74 años, por lo que les violaría su derecho de participar en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Reyes considera que el pleno de la Suprema debe abstenerse de fallar en los recursos presentados, pues entiende que es una atribución del Tribunal Constitucional cuando se conforme de manera definitiva, lo que será en poco tiempo
Con todo, Reyes considera que el pleno de la Suprema debe abstenerse de fallar en los recursos presentados, pues entiende que es una atribución del Tribunal Constitucional cuando se conforme de manera definitiva, lo que será en poco tiempo.
El pleno de la SCJ en función de Tribunal Constitucional estuvo presidido por Jorge Subero Isa e integrado, además, por los jueces Pedro Romero Confesor, Enilda Reyes Pérez, José Hernández, Marcos Antonio Vargas, Hermógenes Acosta, Eglis Esmurdoc, Julio Suárez, Víctor José Castellanos, Pedro Balbuena, José Cruceta y Bernabel Morisete Fabián.
Sin embargo, para integrar la SCJ y conocer la audiencia, fue necesario que cinco jueces de la Corte de Apelación fueran integrados para completar el quórum de 13 jueces, debido a que los restantes magistrados del alto tribunal se inhibieron por sobrepasar la edad límite de los 75 años. Los jueces que se inhibieron fueron Rafael Luciano Pichardo, Darío Fernández, Hugo Álvarez Valencia y Juan Luperón Vásquez.
Dos jueces no se inhibieron, a pesar de que pasan ambos de 75 años: Pedro Romero Confesor y José Hernández Machado.
Pospuesto juicio contra diputado acusado de violación
El pleno de Suprema Corte de Justicia, presidido por el juez Rafael Luciano Pichardo, aplazó para el día 18 de Enero del 2012 el juicio que se le sigue a Ramón Antonio Fernández Martínez, diputado, por el Partido Revolucionario Dominicano, por presunta violación a una menor.
Darialys Altagracia Estévez Cruz, quien hoy tiene 19 años, declaró que tuvo una relación de seis meses con el legislador cuando ella apenas tenía 14 años y estudiaba en el liceo público del municipio de Sabaneta, Santiago Rodríguez.
Según el expediente judicial, Fernández aprovechó que la menor pedía ayuda en las calles para un tío que estaba enfermo y se acercó diciéndole que la ayudaría pero que “debían ir a conversar a otro lugar, porque era un hombre casado.”
Una vez la supuesta relación se consumó, la joven Estévez Cruz alega que el legislador la sugestionaba constantemente para que no contara nada a su familia, y la situación se descubrió porque sus padres se enteraron por terceras personas que la vieron junto con él. La joven y su familia alegan que el diputado, que estaba casado con otra mujer, prometió comprarle una vivienda y pagar una indemnización, pero nunca le adquirió el inmueble y solo pago una parte del dinero estipulado.
El legislador fue sometido en el Juzgado de Instrucción de Santiago Rodríguez el 13 de julio de 2009, pero fue descargado, sin embargo el Ministerio Público apeló la sentencia y fue enviado a otro tribunal. Por su condición de legislador, su caso pasó a la Suprema Corte de Justicia.
Los abogados querellantes, pidieron el aplazamiento del juicio para poder suministrar las pruebas que utilizarán en el proceso en contra del legislador. Los abogados defensores no tuvieron objeción, y a su vez solicitaron a los jueces presentar como testigos a un promedio de 10 personas, petición que fue acogida por los magistrados y a la que el Ministerio Público no se opuso.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el 18 de enero a la 9:00 de la mañana, tras acoger el pedimento de los familiares de la joven, para se le permitiera establecer el orden en que serán escuchados los testigos.
Por su parte, la defensa del legislador, encabezada por el doctor José Fernando Pérez Vólquez, dijo que no tenía objeción para que sea aplazada para esa fecha, pero que deben citarse a una serie de personas que a su vez testifiquen a favor del congresista.
