Por Cándido Mercedes
Lo que ha existido en el mercado eléctrico, en la industria eléctrica, es producto de la cultura del soborno en la República Dominicana.
La burocracia estatal de los últimos 40 años ha hecho de la necesidad de energía eléctrica su gran caudal de acumulación. La cultura del soborno es más rentable y más expedita que otras instancias de acumulación desviada, poca ética y amoral.
Ella no deja huellas ni rastros a menos que uno de los actores principales no entre en conflicto con la parte, o, un disidente por cualquier otra causa quede fuera del proceso.
Esto es lo que ha dado lugar a la baja en la competencia del MERCADO ELÉCTRICO, trayendo consigo un mercado monopolista privado en su generación, lo cual explica las distintas modalidades los convenios explícitos que se generan en un mercado oligopólico y monopólico: colusión para fijar precios; manipulación de la oferta; arreglos de distribución exclusiva; arreglos de ataduras; convenios de mantenimiento de precios; discriminación por precios.
El Estado a través de los distintos gobiernos debió propiciar los valores importantes de una sociedad que encarna la propiedad privada y el libre mercado: la justicia, la libertad y la utilidad social.
Lejos de ello, las distintas burocracias estatales, han encontrado en las necesidades de una sociedad por colocarse en la modernidad, las oportunidades para generar riqueza propiciando hoy un deslizamiento de casi ingobernabilidad y que la competitividad en República Dominicana sea más difícil.
Cuando la cultura del soborno sirve para asegurar la venta y compra de un producto, introduce en el mercado distorsiones que originan deseconomías en el funcionamiento del mismo, dando lugar de manera significativa al efecto neto: la baja o ninguna competencia del mercado.
Se produce un matrimonio perfecto entre aquellos que defienden el libre mercado, la propiedad privada, propio de un capitalista moderno, empero, los nuestros solo reivindican estos valores cuando les conviene, asumiendo una cultura rentista. El matrimonio, entonces, ha sido largo, 40 años, solo que con diferentes actores. Una misma continuidad de ineficiencia, de injusticia, de poca transparencia, de pocos valores éticos.
La clase política nuestra ha fracasado desde el punto de vista de la utilidad social y de los intereses de ella, no así desde el punto de vista individual de sus actores.
La cultura del soborno al final se caracteriza por imponer precios más altos a la sociedad, desperdiciar recursos y descuidar la calidad y los controles de éstos, para asegurar utilidades más sustanciales sin la necesidad de hacer que el precio o la calidad de la energía sean competitivos.
Ello explica la irracionalidad de los contratos, de las negociaciones y de las licitaciones que nos llevan por el sendero de cuatro décadas, sin eficiencia y eficacia.
Una parte importante del sector privado de la industria eléctrica se ha mancomunado con los actores públicos, llamados a regular, supervisar y gerenciar lo que más le convenía y conviene a la sociedad, para postrarla en una agenda que no termina y que hoy da vergüenza.
Es que la capacidad de gobernanza tiene que ver con el hecho de hacer que el proceso en su conjunto, sea tan transparente como sea posible y se haga cumplir de modo sistemático.
La transparencia es el resultado de normas ampliamente entendidas y claramente aplicadas; reduce la incertidumbre, reduce los costos de transacción y aumenta la confianza.
Como decía Jabez L. Curry “un Estado próspero se debe construir sobre los cimientos de un carácter moral, y, este carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad”.
