De: Acento.com.do
El informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, de la República Dominicana, es un documento valioso, que pone en evidencia la falta de institucionalidad y respeto y la corrupción generalizada entre los miembros de esa institución.La Policía Nacional se ha dedicado a matar ciudadanos salvajemente, a encubrir el crimen instigado por las altas instancias policiales y a lucrar a un grupo significativo de oficiales que se han convertido en traidores a la patriacon unas actuaciones delictivas que no tienen control y que han servido para incentivar la delincuencia común en vez de disminuirlas.
Es vergonzoso lo que narra el informe. Cinco años analizados (2005-2010), con tres gestiones en la Policía Nacional, y un mismo comportamiento. El veredicto es contundente: la Policía Nacional tiene que ser cambiada. El presidente Leonel Fernández debe entenderlo y asumir el rol que le toca, tomando la decisión política de hacer un cambio de rumbo en la Policía.
Lo primero es eliminar la corrupción generalizada. Lo segundo es acabar con los grupos sectoriales que han convertido a la Policía Nacional en un botín. El país no puede seguir con una situación tan peligro como esta sin alternativa oficial.
Invitamos a los lectores a conocer los detalles del informe. He aquí algunos elementos destacados:
Miembros de la Policía Nacional disparan y matan cada año a centenares de personas. Los homicidios cometidos por la policía suponen, de media, un 15 por ciento de todos los homicidios registrados en República Dominicana, según estadísticas proporcionadas por la Procuraduría General de la República. La policía describe la gran mayoría de estas muertes como “intercambio de disparos” con los presuntos delincuentes. Afirma que el elevado número de muertes es una consecuencia directa del aumento de la labor policial de prevención. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha demostrado que los homicidios cometidos por la policía han sido ilegítimos. En algunos casos, los tribunales han determinado que los agentes dispararon a matar deliberadamente. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de casos llegan a los tribunales. En muchos incidentes en que los indicios apuntan a que el homicidio ha sido deliberado, no se hace rendir cuentas a los agentes debido a los defectos, la ineficacia o la corrupción de las investigaciones. A consecuencia de ello, se niega justicia a las familias de las víctimas y se intensifica aún más la profunda desconfianza de la población en la policía.
La policía goza de la misma impunidad cuando comete otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, persisten la tortura y otros malos tratos policiales de presuntos delincuentes durante los interrogatorios, y se teme que en los tres últimos años al menos dos personas que fueron vistas por última vez bajo custodia hayan sido víctimas de desaparición forzada.Continúan las detenciones arbitrarias, especialmente durante las detenciones colectivas efectuadas tras las redadas policiales en comunidades de bajos ingresos y con altos índices de criminalidad. Hay agentes de policía que perciben a menudo estos operativos policiales a gran escala como oportunidades para extorsionar. La corrupción generalizada que reina en el seno de la Policía Nacional y los agresivos métodos policiales han socavado la confianza de la población y han exacerbado la crisis de seguridad pública en un país donde los índices de delitos violentos han aumentado de forma significativa en los últimos años.
Sin embargo, ni las autoridades policiales ni, de hecho, la mayoría de los cargos del Estado han reconocido por lo general el alcance de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, ni la responsabilidad del Estado en ellas. La versión oficial sigue insistiendo en que los abusos son obra de unos pocos agentes corruptos o incompetentes a los que se disciplina rápidamente y se obliga a rendir cuentas.
Ha habido progresos significativos en el procesamiento de agentes de policía responsables de violaciones de derechos humanos, sobre todo desde que se suprimieron los tribunales policiales y militares separados. No obstante, persisten los obstáculos a la justicia.
Concretamente, no existen directrices oficiales de ámbito nacional sobre la investigación de denuncias de abusos cometidos por agentes de policía. A resultas de ello, los casos se abordan de manera diferente dependiendo de diversos factores, por ejemplo, de que la víctima o la familia presenten o no una denuncia oficial, del grado de publicidad que genere el caso o de la presión política ejercida sobre los fiscales. Muchas investigaciones carecen de la independencia y la exhaustividad exigidas por las normas internacionales.
En 1999 se intentó emprender una reforma radical de la Policía Nacional, pero no tuvo éxito, en gran medida debido a la reticencia de la propia policía. El proceso más reciente de reforma, que comenzó en 2005, sigue en curso, pero hasta ahora no ha generado los profundos cambios necesarios tanto en la estructura de las instituciones policiales como en la forma de trabajar.
El presente informe expone numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y analiza las trabas a la justicia que encuentran las víctimas y sus familias. También examina la debilidad de los mecanismos de supervisión, que han permitido que persistan y prosperen los abusos policiales. El informe termina con varias recomendaciones dirigidas a las autoridades dominicanas.
Amnistía Internacional pide al gobierno de República Dominicana que emprenda un proceso de reforma para transformar la policía en una institución eficaz y digna de confianza que respete los derechos humanos y esté sometida a supervisión efectiva, tanto interna como externa. Aumentar el respeto de la policía por los derechos humanos ha de ser uno de los principales elementos impulsores de esta reforma. Amnistía Internacional también pide al gobierno dominicano que adopte otras reformas que podrían contribuir a reducir la magnitud de los abusos policiales y, en última instancia, fomentar la capacidad de la policía de impedir y combatir la delincuencia.
