Santo Domingo
El Poder Ejecutivo estableció los procedimientos y controles para armonizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de gastos públicos que se originan mediante las compras y contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones, lo cual incluye las que son financiadas mediante operaciones de crédito público.
La reglamentación está contenida en el Decreto 15-17 emitido la tarde de ayer por el presidente Danilo Medina, el cual se establece que las instrucciones son de aplicación obligatoria a todos los entes y órganos que conforman la administración pública central, desconcentrada y organismos autónomos y descentralizados, incluyendo las entidades que conforman el sistema Dominicano de la Seguridad Social.
El ministro de la Presidencial, Gustavo Montalvo, explicó que este decreto tiene como objetivo mejorar la transparencia en las compras públicas y asegurar el pago expedito a los proveedores.
Manifestó que con esta normativa se logra delimitar algunas zonas grises o brechas que podían dar lugar a irregularidades que no están de acuerdo con el espíritu de las normas establecidas.
“Este decreto servirá para cerrar esas brechas y asegurar que todos los órganos públicos realicen los procesos con transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia. A partir de ahora las obras y las contrataciones se ejecutarán solo cuando haya fondos aprobados y contratos en regla”, aseguró.
Entre otras disposiciones, el decreto obliga a las entidades del Gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, antes de un proceso de compra.
Evita deudas
“Esto impedirá que las instituciones se endeuden más allá de sus posibilidades y protegerá a los proveedores, que tendrán garantizado el pago de sus servicios”, dijo.
Montalvo explicó que la crisis de 2003 y 2004 puso en evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal de las finanzas públicas, desde la tesorería y el presupuesto al manejo de las cuentas y los procesos de compra.
Expresó, asimismo, que con las nuevas disposiciones se logrará una mayor disciplina en las compras del Gobierno, lo cual consideró clave para la estabilidad económica del país y la transparencia de las cuentas públicas.
“Esto servirá para consolidar las políticas encaminadas al desarrollo productivo de las MIPYMES, mujeres y sectores productivos, porque es muy importante que cada proveedor tenga la certeza de cuándo va a cobrar por los servicios, bienes u obras que le entrega a una institución producto de un proceso de compra”, precisó.
Según establece el decreto, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, cada organismo debe obtener un certificado de la Dirección General de Presupuesto donde avale que los fondos estén presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, debe obtener otro certificado que garantice la disponibilidad de fondos para tales fines.
Asimismo, obliga a publicar esos certificados en los portales de compra, a fin de que los proveedores puedan cerciorarse de que la entidad del Estado con la cual firmarían un contrato para proveerles bienes, servicios u obras, estaría realizando el pago en la fecha acordada.
“Este mecanismo permitirá un mejor manejo administrativo y financiero de cada organismo, mejorando la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas del conjunto del Estado y el control del déficit presupuestario”, consideró Montalvo.
