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SANTO DOMINGO.- La corrupción urbanística es una plaga que azota a una buena parte del planeta. Los estragos van: desde convertir naciones en paraísos para el blanqueo de dinero, atrofiarlas políticamente deslegitimando sus instituciones, y malograr la efectividad de los derechos constitucionales de la ciudadanía asociados al suelo; hasta la destrucción paulatina del medio ambiente.
Se origina en torno a las plusvalías económicas que generan las técnicas urbanísticas de la clasificación y calificación del suelo, y las densidades de éste. A través de las cuales, fruto de la decisión pública, de forma discrecional, se delimitan las facultades urbanísticas del derecho de propiedad en cuanto a urbanización, usos y edificabilidad del suelo. Unos límites que, siendo justos o no, siempre hay alguien dispuesto a comprar dicha decisión para expandirlos.
El asunto es, que un suelo destinado a un uso u otro, o con una mayor o menor capacidad edificatoria asignada, tiene una repercusión económica sobre el patrimonio de su propietario, y la decisión en torno a una cosa o la otra depende de la autoridad competente. Razón por la cual dicha decisión se convierte en un valor. Un valor nuevo, público, creado por la administración; que ésta agrega, o no, a la propiedad del suelo, al atribuirle, o no, capacidad productiva a éste. Por tanto, se trata de un capital público virtual; que representa muchos millones; que al final lo materializa quien compra; y del que la autoridad tiene la potestad de hacer dueño, o no, al propietario del suelo.
La corrupción urbanística surge, cuando la autoridad competente pone esas plusvalías al servicio exclusivo de sus intereses y los de los particulares; en lugar de capturarlas, en su mayor medida, para ponerlas al servicio de los intereses de la ciudadanía, en cuyo bienestar están llamadas a repercutir las decisiones que las generaron.
En países desarrollados, estudios e investigaciones han conseguido detectar cuáles han sido los principales factores que han generado incentivos en el surgimiento de este fenómeno. Lo han logrado a partir del análisis de las fuentes que estimulan prácticas corruptas dentro de los espacios de toma de decisiones del sistema democrático. Para esa labor, algunos se han apoyado en la conocida fórmula de la corrupción de Robert Klitgaard: Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia = Corrupción.
En ese orden; en cuanto al primer elemento, destacan el poder monopolístico que confiere al plan de ordenación urbanística la función de delimitar el contenido urbanístico del derecho de propiedad, objeto de la clasificación y calificación del suelo, y las densidades de éste. En razón, de que por medio a ello un reducido grupo de actores, que tenga a cargo la formulación del plan, tendría el poder de atribuir el contenido económico de todas las propiedades del ámbito sobre el que el plan actúa.
El segundo aspecto, complemento del anterior, se refiere al margen de discrecionalidad del que disponen quienes formulan dicho plan para determinar quién va, o no, a ser beneficiario de sus decisiones, y en qué cantidad. Es una prerrogativa que tiene el planeamiento urbano muy difícil de evitar por razones técnico-legislativas. Con ella, y algunas otras fuentes más de discrecionalidad, los planificadores adquieren un importante espacio de libertad para poder adoptar prácticamente cualquier decisión urbanística que se les ocurra.
Y en tercer lugar está la cuestión de los controles de gestión: el político, el administrativo, el social, etc., a los que quienes toman dichas decisiones deben rendir cuentas. En resumen, se establece que: si alguien tiene el poder sobre los beneficios que generan las decisiones urbanísticas (monopolio), cuenta con un margen de valoración para definir dichos beneficios (discrecionalidad), y los controles sobre su gestión funcionan mal, o no existen (transparencia); entonces, mayor probabilidad habrá de que surja la corrupción urbanística.
Sin embargo, a pesar del rigor del marco jurídico y de los mecanismos de control y rendición de cuentas a los que está sometida la política urbanística en estos países, la persistencia del fenómeno es tal, que casi siempre encuentra resquicios por donde de algún modo brota. Un buen ejemplo de ello ocurre en el caso español, donde según expertos, un factor importante en la ocurrencia del fenómeno lo constituye una falla en la Legislación del suelo, que crea incentivos legales a la corrupción al autorizar unos convenios y comisiones en los procesos de clasificación y calificación del suelo susceptibles de traspasarse el límite entre la discrecionalidad y el delito (en la actualidad en ese país se encuentra una importante cantidad de Alcaldes junto a sus respectivos equipos de urbanistas recluidos por corrupción urbanística).
(*) Arquitecto colaborador en los campos de arquitectura y urbanismo en diversas oficinas en Santo Domingo y Madrid.
